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El millonario negocio oculto del SUCIVE destapado por la oposición

El diputado colorado Juan Martín Jorge reveló tras meses de pedidos de informes un millonario sistema opaco con contratos directos, aforos sin control y fondos estatales.

Imagen ilustrativa de cartelería y puestos de peaje o tránsito vehicular en rutas de Uruguay.
El diputado colorado Juan Martín Jorge denunció una red de contratos directos, falta de transparencia y millones de dólares sin control en el sistema del SUCIVE.

El malestar generalizado que cada mes de enero golpea el bolsillo de los automovilistas uruguayos al ingresar a la web del SUCIVE tiene raíces mucho más profundas de lo que marcan las simples tarifas. Tras diez meses de gestiones y basándose en sucesivos pedidos de acceso a la información pública, el diputado del Partido Colorado Juan Martín Jorge sacó a la luz este jueves un informe lapidario que desnuda un sistema millonario operado con absoluta opacidad, contrataciones directas y escasos controles estatales.

Aunque el legislador reconoció que la creación del Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares en 2012 cumplió en su momento el objetivo de poner fin a la caótica guerra de patentes entre las distintas intendencias, advirtió que el paso de los años consolidó vicios intolerables en la gestión de recursos públicos.

Un organismo fantasma que rinde cuentas a medias

El primer gran obstáculo con el que chocó el diputado fue la total falta de transparencia institucional. Según denunció, el SUCIVE carece de personería jurídica propia, lo que impede que el Parlamento nacional pueda realizarle pedidos de informes directos. Cualquier solicitud debe canalizarse obligatoriamente a través del Congreso de Intendentes, convirtiendo la fiscalización en una verdadera carrera de obstáculos.

A esto se suma la opacidad en los costos operativos generales. El Congreso de Intendentes evitó entregar información detallada sobre el presupuesto total del sistema y derivó las consultas a una misteriosa «Comisión de Seguimiento SUCIVE», un órgano dependiente que carece de página web y de un domicilio físico conocido.

Contratos a dedo y millonarias cifras bajo la lupa

El aspecto más grave del informe recae sobre la contratación de los servicios que sostienen el andamiaje del sistema. De acuerdo con los datos presentados, la empresa privada encargada de fijar los aforos —la tasación sobre la que se calcula el valor de la patente— fue contratada por designación directa en 2012 y se mantiene sin haber pasado jamás por una licitación pública o una compulsa de precios en catorce años. Solo en 2025, dicha firma facturó 5.368.680 pesos más IVA (unos 135.000 dólares), totalizando cerca de dos millones de dólares adjudicados a dedo desde el inicio de sus funciones.

Un esquema similar se repite con la administración del fideicomiso. Todas las contrataciones se canalizan a través del Fideicomiso SUCIVE, administrado por República AFISA, la gestora de fondos del Banco República. Según denunció Jorge, esta entidad también fue seleccionada sin licitación previa, pese a que en la plaza financiera nacional existen al menos quince administradores de fideicomisos inscriptos en el Banco Central que podrían haber competido.

El negocio es monumental: el fideicomiso maneja unos 800 millones de dólares anuales. Bajo contrato, República AFISA percibe una comisión del 0,4% más IVA de todo lo recaudado, lo que se traduce en unos 3,2 millones de dólares anuales por una operativa que, según expertos consultados por el legislador, resulta de suma sencillez. Además, la cláusula 11.4 del convenio habilita erogaciones millonarias adicionales por concepto de consultorías, auditorías, asesoramiento legal y publicidad que se pagan aparte.

Aforos sin control y el Estado como pagador

El informe también cuestiona quién supervisa los valores de mercado asignados a los vehículos. Según el diputado, tras analizar los aforos entregados por el organismo, un simple relevamiento online permite comprobar que los números distan de la realidad. Además, existe un evidente conflicto de intereses: el Congreso de Intendentes, que percibe la recaudación, es el mismo órgano que administra un sistema que siempre priorizará las tasaciones más elevadas.

Como remate insólito de la estructura, a pesar de mover fortunas descomunales, la administración de los fondos no se sostiene enteramente con recursos propios de las comunas. Una resolución de Presidencia de la República autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir hasta 20 millones de pesos a República AFISA para cubrir obligaciones operativas del SUCIVE correspondientes al ejercicio 2025.

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