El Gobierno de Colombia asegura que finaliza la fase de planes de seguridad para la JEP

Gobierno de Colombia confirma riesgos para la seguridad en la Jurisdicción Especial para la Paz

El Gobierno colombiano ha reconocido las alertas planteadas por los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respecto a los peligros que enfrentan tanto ellos como las víctimas, en medio de los recortes sufridos por este organismo, surgido de los acuerdos de paz de 2016. Además, ha anunciado que «se acaba la feria» en relación con los planes de seguridad de la institución.

Medidas de seguridad y evaluación de recursos

Durante una comparecencia ante la JEP, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, abordó las acciones de protección que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tiene previstas para quienes participan en los casos bajo la competencia de este tribunal especial. Ordóñez afirmó que la protección de víctimas, comparecientes y jueces es una prioridad para su administración, pero advirtió que «en este Gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad» y notificó que hay aproximadamente 600 esquemas en revisión.

Control del gasto y cumplimiento de acuerdos

El ministro aseguró que no es aceptable que fondos públicos se destinen a esquemas que faciliten actividades ilícitas como el delito, el tráfico de drogas, la acumulación de armas o la movilización de terroristas. Además, reiteró el compromiso del Gobierno de cumplir con las obligaciones asumidas en el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, en contraste con la postura de De la Espriella, quien ha manifestado resistencia a estos arreglos y ha considerado que representan una «falsa paz», poniéndose a disposición para desmantelarlos.

Recortes presupuestarios y cambios en la sede de la JEP

Dentro del plan de austeridad impulsado por el presidente De la Espriella, se contempla una reducción de hasta 170.000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 47,1 millones de euros, para la JEP. Entre las medidas adoptadas se incluyen el traslado de la sede del tribunal a un inmueble más pequeño, recortes en el personal y la promoción del teletrabajo para reducir costos operativos.