El Gobierno busca vender activos de la SAE para reducir la deuda pública
El Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, ha puesto en marcha una estrategia para obtener recursos destinados a anticipar el pago de la deuda pública mediante la venta de activos bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Entre las opciones consideradas están la comercialización de apartamentos, fincas, aviones, centros comerciales e incluso vehículos de alta gama.
Presentación de la propuesta y caracterización de los activos
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó formalmente la iniciativa durante la Asamblea General de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), celebrada el 11 de noviembre de 2026. Según explicó, la SAE administra aproximadamente 68.000 activos registrados; sin embargo, no todos ellos están actualmente en proceso de venta ni existe un cronograma definido para su comercialización. “Queremos vender activos de la Nación. La SAE tiene los peores inventarios del planeta. Tienen 68.000 activos registrados. ¿Qué hay ahí? De todo”, afirmó Gómez Martínez en referencia a la variedad y volumetría de bienes administrados por la entidad.
Similitudes con decisiones familiares y objetivos de recaudación
El ministro comparó la estrategia con la decisión que toma una familia al vender bienes para hacer frente a sus obligaciones financieras. En este sentido, señaló que los recursos obtenidos de la venta de estos activos serán destinados al pago anticipado de obligaciones públicas. “Como le pasa a una familia cuando tiene problemas de plata, hay que vender eso y pagar la deuda. Todo lo que podamos conseguir, como esto es un ingreso de una nueva oportunidad, lo vamos a destinar a prepagar deuda”, expresó durante su intervención en la asamblea de la Anif.
Beneficios y activos en la mira
La propuesta tiene como finalidad aprovechar los bienes que actualmente se encuentran en poder de la SAE, muchos de los cuales no generan rendimiento para las finanzas del Estado, según manifestó Gómez Martínez. Entre los activos mencionados se encuentran apartamentos, fincas, aeronaves, centros comerciales, teatros de cine, ganadería y vehículos, entre ellos automóviles Ferrari. “Aviones, centros comerciales, teatros de cine, fincas, apartamentos, de todo, lo que usted quiera. Ferraris, de todo”, precisó el titular de Hacienda.
Contexto de la Ley de Rescate Económico y austeridad presupuestaria
Este plan forma parte de la Ley de Rescate Económico, que contempla recortes significativos en el gasto público para reducir en aproximadamente $8 billones los gastos de funcionamiento del Estado, principalmente mediante la disminución de transferencias, que, según Gómez Martínez, “hoy nadie controla”. Asimismo, se busca reducir en un 20% los gastos en personal, lo que permitiría ahorrar unos $11 billones.
El ajuste también incluye la eliminación de lo que el Gobierno denomina “burocracia inútil”, con un recorte de $4 billones, así como la reducción en un 50% de los contratos por prestación de servicios. Además, se propone la venta de activos improductivos por un monto superior a los $4 billones con el fin de obtener liquidez inmediata.
De 2027 a 2030, las compras del Estado en bienes y servicios no podrán incrementarse por encima de la inflación, una medida que afectará a ministerios y departamentos administrativos. En línea con esta política, los gastos operativos y beneficios para altos funcionarios serán objeto de revisión, incluyendo recortes en horas extras, viáticos, viajes internacionales, teléfonos móviles, vehículos oficiales, esquemas de seguridad, condecoraciones y eventos oficiales.
Limitaciones y facultades extraordinarias
El articulado del proyecto de ley también incluye la solicitud de facultades extraordinarias para que el presidente pueda fusionar o suprimir entidades públicas consideradas innecesarias, con el propósito de reorganizar la estructura del Poder Ejecutivo y reducir la burocracia y los privilegios asociados al gasto estatal.
El Gobierno planea reducir a la mitad los desembolsos destinados a burocracia y contratos considerados superfluos, además de bajar impuestos a las empresas para fomentar la generación de empleo y reorganizar los tributos que pagan las personas con el fin de agilizar la recaudación fiscal.
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