La Jurisdicción Especial para la Paz imputa a exoficial del Ejército por crímenes de guerra y lesa humanidad en hechos ocurridos en 1990
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación al mayor en retiro del Ejército Hernán Carrera Sanabria en relación con el crimen de guerra de tortura contra los indígenas arhuacos Amado y Vicente Villafañe Chaparro, hechos que tuvieron lugar en 1990 en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Responsabilidad y propuesta de reparación a las víctimas
La decisión de la sala establece que el exmilitar tiene responsabilidad en estos hechos y le exige presentar una propuesta de reparación que tenga como fin atender a las víctimas y a su comunidad. Además, la resolución remite a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) a siete antiguos integrantes de la fuerza pública que no reconocieron su responsabilidad en el secuestro, tortura, homicidio y desaparición de los mamos arhuacos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hughes Chaparro. La JEP calificó estas acciones como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Reconocimiento de responsabilidad y sitios de secuestro
Según el comunicado de la jurisdicción, Hernán Carrera Sanabria admitió su responsabilidad en la tortura de Amado y Vicente Villafañe Chaparro. Como parte del proceso, el exoficial deberá elaborar una propuesta de reparación que incluya la recuperación del Cerro Inarwa, considerado un lugar sagrado y de peregrinación para el pueblo arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Involucrados no reconocieron responsabilidad
La Sala de Reconocimiento remitió también a la UIA al general en retiro Juan Salcedo Lora, excomandante de la Segunda Brigada; a los coroneles en retiro Luis Fernando Duque Izquierdo y Rafael Mejía Roa; al entonces mayor Luis Fernando Urrego Ávila; a Álvaro Matallana Eslava; al capitán en retiro Pedro Antonio Fernández Ocampo y a Cosme García Camacho. Estos siete exmilitares no reconocieron su responsabilidad en los hechos relacionados con los mamos arhuacos, algunos de los cuales habían sido sancionados previamente con destitución por la Procuraduría General de la Nación, mientras que sus investigaciones en la Justicia Penal Militar fueron cerradas.
Expulsión y antecedentes legales
En la misma resolución, la Sala expulsó de la JEP a Daniel Rivera Rincón debido a investigaciones penales en curso por delitos presuntamente cometidos después de la firma del Acuerdo de Paz. La investigación permitió reconstruir hechos relacionados con la estigmatización de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, así como identificar lugares donde se habrían mantenido secuestrados a los mamos antes de ser asesinados. Entre estos sitios se encuentran una vivienda en la Plaza Alfonso López de Valledupar y la hacienda ganadera Bethania, en El Copey, Cesar. La JEP señaló que en estos lugares permanecían acantonadas tropas del Ejército y grupos paramilitares.
Contexto y objetivos de la protección de los derechos indígenas
Los mamos se desplazaban a Bogotá para participar en los procesos de la Asamblea Nacional Constituyente y contribuir a la defensa de los derechos de sus pueblos, su autonomía, su territorio y una vida en paz. La estigmatización contra los mamos tiene sus raíces en la utilización del territorio ancestral de la Sierra Nevada como refugio por grupos de las antiguas Farc-EP, utilizados para esconder armas y personas secuestradas, incluyendo a José Eduardo Mattos. Este escenario provocó señalamientos contra miembros del pueblo arhuaco y graves violaciones a la integridad de sus autoridades espirituales.
Incidente de condicionalidad y hallazgos forenses
Durante el trámite, la Sala abrió un incidente de condicionalidad por incumplimiento en el deber de aportar verdad. En una audiencia de carácter dialógico, participaron representantes de los pueblos de la Sierra Nevada, quienes cuestionaron la validez de algunos aportes realizados por los comparecientes. La decisión de remitir a siete exintegrantes de la fuerza pública a la UIA implica que sus procesos seguirán mediante la vía adversarial, dado que no reconocieron responsabilidad en los hechos. La JEP también informó que se encontraron restos óseos humanos en la hacienda Bethania, por lo cual se remitieron copias a la Fiscalía para continuar con las investigaciones penales y los procesos de extinción de dominio.
Avance en la búsqueda de verdad y justicia
Con esta resolución, la JEP avanzó en la esclarecimiento de hechos que se remontan a 36 años atrás, relacionados con la tortura de dos indígenas y el secuestro, tortura, homicidio y desaparición de tres mamos arhuacos. La autoridad judicial subrayó que el objetivo principal del proceso es determinar responsabilidades y atender las demandas de verdad, justicia y reparación de las comunidades que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta.
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