La Defensoría del Pueblo analiza el impacto del Acuerdo Final de Paz con las Farc tras diez años de su firma
Este año se cumple una década desde que el Gobierno colombiano formalizó el Acuerdo Final de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en un esfuerzo destinado a aliviar el prolongado conflicto armado que ha azotado al país durante más de cincuenta años. Sin embargo, un informe reciente de la Defensoría del Pueblo señala que los avances logrados no han cumplido con las expectativas ni con los objetivos inicialmente planteados durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos.
Balance de la implementación y resultados obtenidos
Según el informe, en los diez años transcurridos desde la firma del acuerdo, se registraron 521 asesinatos de excombatientes y apenas el 4,6 % de los planes de reparación colectiva han sido concluidos. A pesar de algunos avances sociales en las zonas rurales, como la disminución de la pobreza multidimensional en los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que bajó del 47,2 % en 2018 al 26,1 % en 2025, la violencia, los desplazamientos y las deudas con las víctimas siguen siendo persistentes.
El acuerdo permitió la desmovilización de más de 14,100 guerrilleros en 2017 y la retirada de más de 37 toneladas de material bélico. Sin embargo, un número importante de excombatientes ha abandonado los procesos de reincorporación y retornaron a las armas, mientras que aproximadamente 11.000 aún mantienen vínculos activos con el proceso de paz.
Desafíos en la seguridad, la reparación y la reintegración
Las comunidades en las zonas rurales enfrentan amenazas constantes, limitaciones en su movilidad, confinamientos, desplazamientos y ataques dirigidos a liderazgos sociales. En este contexto, entre enero de 2016 y junio de 2026, se han reportado 1.743 asesinatos de defensores de derechos humanos. El Sistema de Alertas Tempranas mantiene activas varias advertencias sobre regiones en riesgo, pero la respuesta estatal presenta deficiencias en coordinación y capacidades operativas, lo que limita la protección efectiva de las comunidades vulnerables.
La reparación colectiva, que incluye medidas específicas para comunidades afectadas, muestra un progreso muy limitado, con solo el 4,6 % de los planes llevados a término. Los procesos de retorno, reubicación e integración social son igualmente rezagados; de 1.068 planes existentes, la mayoría reporta avances insignificantes y solo 31 han logrado completar sus acciones.
Avances en políticas sociales y brechas persistentes
Las políticas sociales adoptadas para el sector rural han permitido ampliar el acceso a servicios de salud, educación, alimentación, vivienda y protección social. Se registró que más de 621.000 personas en zonas rurales ingresaron al programa de Beneficios Económicos Periódicos, y el trabajo infantil en estos territorios disminuyó del 13,8 % en 2016 al 5,2 % en 2025.
En infraestructura, la inversión superó los 770.000 millones de pesos, habilitando 421 sedes de Empresas Sociales del Estado con servicios de telemedicina, lo que representa el 67,8 % del objetivo planteado. Aunque la afiliación al sistema de salud rural aumentó del 70,2 % en 2016 al 76,7 % en 2024, persisten desigualdades en indicadores clave. La mortalidad materna en zonas rurales, por ejemplo, es 2,4 veces mayor que en las urbanas, y la brecha en control prenatal se ha ampliado de 9 a 11,1 puntos porcentuales desde 2016.
Riesgos de violencia y amenazas a los líderes sociales
La violencia armada continúa siendo uno de los principales obstáculos para la plena implementación del acuerdo. Los informes revelan que las comunidades todavía enfrentan amenazas, restricciones en su movilidad, desplazamientos masivos y ataques a liderazgos sociales. Entre 2016 y 2026, se registraron 1.743 homicidios de defensores de derechos humanos, y en la actualidad, el Sistema de Alertas Tempranas mantiene dos advertencias nacionales y 120 territoriales, que abarcan 396 municipios y 15 territorios indígenas del país.
La coordinación institucional, las capacidades territoriales y los mecanismos de protección resultan insuficientes, lo que requiere una revisión urgente. La recomendación principal es fortalecer la operatividad de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con el fin de que pueda ejercer decisiones y coordinar acciones de manera más efectiva.
Compromisos pendientes en reparación y reincorporación
Respecto a la reparación de las víctimas, solo el 4,6 % de los aproximadamente 1.367 sujetos reconocidos, que incluyen comunidades, pueblos étnicos y organizaciones sociales, han concluido sus planes. En las zonas PDET, la ejecución de acciones de reparación alcanza apenas el 14,4 %, lo que evidencia la lentitud en la reparación de daños.
Los procesos de retorno y reincorporación siguen siendo un desafío. De 1.068 planes en marcha, la mayoría presenta avances menores al 25 %, y sólo 31 han logrado completar sus acciones. La situación de vulnerabilidad persiste para el 77,3 % de las personas desplazadas, especialmente en aspectos económicos y de vivienda. Entre 2017 y 2025, las víctimas de desplazamiento pasaron de 12.841 a 107.924, y las afectadas por confinamiento aumentaron de 18.603 a 128.825, concentrándose principalmente en Nariño, Norte de Santander, Chocó y Cauca.
En materia de reincorporación, cerca del 76 % de los excombatientes que dejaron las armas mantienen su vínculo con el proceso, con aproximadamente 7.000 de ellos concluyendo el bachillerato y el 99 % afiliado a la seguridad social. Se han desarrollado más de 6.200 proyectos productivos, y la tierra gestionada para su reincorporación aumentó de 789 hectáreas en 2022 a más de 20.600 en 2026. Sin embargo, el aumento en la mortalidad de firmantes y la dispersión de las personas aún representan riesgos significativos.
Perspectivas y recomendaciones para avanzar en la paz
La Defensoría del Pueblo insiste en la importancia de garantizar la continuidad de la reincorporación hasta 2031, con una mayor descentralización, recursos adecuados y metas claras en los próximos planes de desarrollo. En cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos, que involucra a casi 100.000 familias campesinas, se logró un cumplimiento del 98 % en erradicación voluntaria, aunque la resembrada de coca continúa siendo elevada y no se observan reducciones importantes en las áreas sembradas.
Para abordar estos desafíos, la recomendación es fortalecer las alternativas a la economía ilícita, implementar plenamente las disposiciones constitucionales que privilegian la sustitución voluntaria, garantizar procesos de consulta previa con comunidades étnicas y restringir el uso de aspersores químicos que puedan afectar la salud y el medio ambiente.
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