Colombia

Superintendencia de Notariado cancela seis contratos por 110 mil millones

La Superintendencia de Notariado revocó seis contratos por 110 mil millones tras detectar fallas en su planeación y busca optimizar recursos públicos.

Superintendencia de Notariado cancela seis contratos por 110 mil millones
La Superintendencia de Notariado anuló contratos por 110 mil millones de pesos para revisar su adecuación a las necesidades institucionales.

Superintendencia de Notariado y Registro anula seis procesos contractuales por aproximadamente 110.000 millones de pesos tras revisión exhaustiva

La Superintendencia de Notariado y Registro anunció la revocación de seis procesos de contratación por un monto cercano a los 110.000 millones de pesos, tras realizar una revisión detallada de su estructuración y planeación. Los procedimientos afectados estaban relacionados con servicios de vigilancia, gestión de archivos, licencias y seguros, y serán sometidos a una nueva evaluación antes de su reanudación.

Contexto y objetivos de la revisión contractual

La información fue divulgada por la Superintendencia en un comunicado el 10 de noviembre de 2026, desde Bogotá, en el marco de un balance de las acciones realizadas por la administración bajo la dirección del superintendente Joaquín José Méndez Llach. La revisión de estos procesos tuvo como finalidad determinar si las contrataciones respondían a las verdaderas necesidades de la entidad y si disponían de soportes suficientes antes de comprometer recursos públicos.

Tras la evaluación, la Superintendencia destacó que los seis procesos revocados requerían una replanificación antes de avanzar en las etapas contractuales. La suma total de estos procedimientos ascendía aproximadamente a los 110.000 millones de pesos. La entidad aseguró que las revisiones permitieron identificar aspectos que debían ser corregidos para garantizar una correcta utilización de los recursos.

Detalles de los procesos afectados y sus implicaciones

Los procedimientos que fueron anulados comprenden contratos para servicios de vigilancia, gestión de archivos, soporte en licencias y suministros de tóner, entre otros. La institución no proporcionó detalles específicos sobre el estado de cada trámite ni identificó a los posibles proponentes que participaban en ellos. Sin embargo, enfatizó que la reestructuración de estos procesos buscará que las futuras convocatorias se ajusten a las necesidades reales de la entidad, incorporando criterios de planeación, eficiencia y control del gasto.

Según información publicada, la revisión también detectó que ciertos aspectos de estos procesos requerían correcciones antes de la asignación de los recursos. No se informó la fecha prevista para la reapertura de los procesos ni el valor final de cada uno tras los ajustes realizados.

Impacto en los presupuestos y ajustes en las estimaciones

La revisión de los procedimientos relacionados con las licencias y el suministro de tóneres permitió reducir las estimaciones presupuestales en aproximadamente 4.780 millones de pesos. En uno de los casos, el presupuesto proyectado para el soporte de licencias pasó de 8.300 a 6.900 millones de pesos, y la entidad se encuentra desarrollando una nueva convocatoria con condiciones modificadas.

En otro caso, la estimación inicial para el suministro de tóneres era de 4.000 millones de pesos, pero tras la revisión se ajustó a 620 millones, resultando en una reducción de 3.380 millones. Estos cambios reflejan un esfuerzo por optimizar los recursos y adaptarlos a las necesidades institucionales, asegurando mayor control sobre los gastos.

Revisión de contratos ya suscritos y acciones posteriores

Además, la Superintendencia identificó 72 contratos con baja ejecución y siete contratos de prestación de servicios sin ejecución, cuyos honorarios superaban los 12 millones de pesos mensuales. La revisión abarcó también los contratos firmados entre el 22 de junio y el 18 de agosto de 2026, periodo en el cual se suscribieron 351 contratos por un valor total de 8.000 millones de pesos. De estos, 91 contratos fueron firmados un día antes de la investidura del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.

En respuesta a estos hallazgos, la Superintendencia procedió a la terminación anticipada de los contratos que no cumplían con los requisitos, sin especificar los valores totales ni las actividades específicas de los contratistas afectados. También se detectaron siete contratos de prestación de servicios con honorarios mensuales que superaban los 12 millones de pesos y que no tuvieron ninguna ejecución, incluyendo un caso de una persona que no reside en Colombia.

Al 30 de octubre de 2026, la institución reportó una reducción cercana a los 620 contratos de prestación de servicios, por un valor aproximado de 23.000 millones de pesos. La entidad anunció además que fortalecerá los mecanismos de seguimiento y verificación de los contratos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la entrega de resultados esperados.

Perspectivas futuras y control de la contratación pública

Por el momento, los seis procesos revocados permanecen en evaluación para su posible reinicio bajo nuevas condiciones de planeación. La Superintendencia no ha confirmado si los hallazgos relacionados con contratos con baja o nula ejecución derivarán en remisiones a los organismos de control correspondientes.

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