Presentación de un programa integral para la reforma del modelo de vivienda
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) anunció este lunes la iniciativa titulada «Casas para vivir», un plan que propone una reforma profunda del sistema de vivienda en España. Entre las medidas contempladas, se incluye la modificación del marco constitucional para otorgar al derecho a la vivienda prioridad sobre la libertad de empresa en casos de conflicto de intereses.
Propuestas para garantizar el acceso a la vivienda y regular el mercado
La organización dio a conocer sus propuestas a dos días de la huelga general convocada para el 11 de noviembre, bajo el lema «Huelga general por la vivienda y el coste de la vida», e hizo un llamamiento a participar de manera masiva en la protesta. El documento busca transformar desde raíz el modelo de vivienda, orientándolo a satisfacer necesidades sociales en lugar de maximizar la rentabilidad privada.
Entre las medidas planteadas, destaca la propuesta de que las viviendas vacías, a partir de la tercera propiedad y sin importar quién sea su propietario, pasen temporalmente a formar parte del parque público de alquiler social mediante una cesión obligatoria de uso. También sugieren prohibir los pisos turísticos en municipios donde el alquiler se haya disparado y establecer impuestos para evitar la acumulación excesiva de viviendas en manos de particulares o empresas.
Reforma fiscal y regulación del mercado de alquiler
Para alcanzar un parque público de un millón de viviendas en alquiler, la confederación plantea recaudar aproximadamente 20.000 millones de euros anuales mediante la reforma del Impuesto sobre el Patrimonio, el fortalecimiento del impuesto a las grandes fortunas y la incorporación de las rentas del capital en la base general del IRPF. Estas viviendas tendrían un alquiler que no superaría el 20% de los ingresos familiares medios.
En cuanto a la regulación del mercado, la propuesta incluye contratos de alquiler prorrogables automáticamente por periodos de entre cinco y siete años, y un índice de precios máximos que estaría ligado a los ingresos de la población local, de modo que la renta no exceda el 25% de la renta mediana en cada barrio.
Derechos de las inquilinas y acciones contra la desigualdad
El programa contempla también la creación de un estatuto para las personas inquilinas, que reconozca el derecho a sindicarse, negociar colectivamente con los propietarios y realizar huelgas de alquiler sin temor a desalojos. Además, la CSI propone impedir los desalojos sin ofrecer una alternativa habitacional digna, derogar la Ley Mordaza y ilegalizar las empresas dedicadas a la desocupación forzada.
El portavoz de la confederación, Aldo Reverte, manifestó que estas propuestas representan un compromiso que debe ser respaldado independientemente del gobierno en funciones. Reverte afirmó que el objetivo es cambiar el modelo de vivienda en el país desde la base social, para que la vivienda sea un derecho y no un bien objeto de especulación. «El 11 de noviembre lo decimos parando», concluyó.
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