Fernando Amado se cruzó con todo por la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV a Uruguay volvió a encender la polémica en torno a la laicidad del Estado y el rol de las instituciones públicas frente a los acontecimientos religiosos. En ese escenario, el diputado Fernando Amado se posicionó como una de las voces más críticas del sistema político, marcando un rechazo tajante a los homenajes e invitaciones de carácter oficial programados para el pontífice.

Respecto al impacto de la llegada del líder católico, Amado fue categórico al señalar que en lo personal la visita «no le genera nada», aunque matizó su postura al aclarar que le alegra que los fieles católicos del país puedan vivir esa experiencia. No obstante, enfatizó que el Estado debe preservar una estricta neutralidad frente a cualquier confesión religiosa.

Freno a la alocución en la Asamblea General

Uno de los puntos de mayor fricción institucional se centró en la posibilidad de que el sumo pontífice hiciera uso de la palabra ante el Parlamento. El legislador se opuso firmemente a que León XIV hablara ante la Asamblea General, argumentando que el Palacio Legislativo no debe transformarse en un escenario para la prédica religiosa.

En ese sentido, Amado sostuvo de forma pública que no correspondía cederle a ningún líder religioso lo que definió como un «altar laico», reafirmando que las cámaras parlamentarias representan la soberanía de la ciudadanía uruguaya en su diversidad y no un espacio para expresiones de fe.

Choque por la iluminación del Palacio Legislativo

La tensión política aumentó tras la iniciativa impulsada por el diputado nacionalista Rodrigo Goñi de iluminar la fachada del Palacio Legislativo con los colores de la bandera del Vaticano durante la estancia del sumo pontífice. Amado cuestionó duramente la propuesta y acusó al presidente de la Cámara de Representantes de utilizar su cargo institucional para promover convicciones personales, vulnerando los principios de laicidad que rigen en el país.

Ante los sealamientos, Goñi defendió la iniciativa encuadrándola como un gesto de bienvenida institucional hacia un jefe de Estado y referente internacional, descartando cualquier tipo de imposición o favoritismo religioso. El contrapunto dejó al descubierto las hondas diferencias que persisten en la clase política sobre los límites de la laicidad uruguaya.