El caso de corrupción judicial en México vinculado a la red de narcotráfico del exatleta Ryan Wedding
El juez Luis Benítez Alcántara, quien presidía el proceso de extradición de Andrew Clark, conocido en el mundo criminal como “El Dictador”, se convirtió en la pieza central de uno de los escándalos de corrupción judicial más graves documentados en México en los últimos años. Este ciudadano canadiense de 36 años, segundo al mando de la organización de narcotráfico dirigida por el exatleta olímpico Ryan Wedding, sobornó con dos millones de dólares a un juez de la Ciudad de México para lograr su libertad mientras enfrentaba un proceso de extradición hacia Estados Unidos.
El soborno que impactó la justicia mexicana
El pago, realizado el 24 de febrero de 2025, derivó en la caída del juez Luis Benítez Alcántara, quien fue detenido el pasado domingo en Colombia y actualmente enfrenta nueve cargos federales en Estados Unidos. La Fiscalía estadounidense ya solicitó oficialmente su extradición. Desde octubre de 2024, cuando Clark fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina en un centro comercial de Zapopan, Jalisco, comenzó a movilizar dinero de manera sistemática con la finalidad de asegurar su liberación. Entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y en pequeños montos, en un intento por evadir la detección y facilitar su liberación del sistema judicial mexicano, según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Andrew Clark fue arrestado el pasado 8 de octubre en la Plaza Andares de Zapopan, Jalisco. La acusación formal del Distrito Central de California señala que “dirigía de cerca varias de las operaciones de la red, en particular el tráfico de drogas en Canadá y la ejecución de asesinatos”. La policía documentó 17 apodos que Clark utilizaba, siendo algunos de los más reveladores: “El Dictador”, “El niño problemático” y “El chiquito loco”. Sin embargo, las investigaciones revelaron que su rol en la organización era mucho más amplio que el de ser simplemente un lugarteniente de Ryan Wedding.
El perfil y operaciones de Andrew Clark
Clark operaba como un intermediario, un broker capaz de realizar negocios entre organizaciones mexicanas rivales. Funcional como enlace logístico entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), estructuras que mantienen un violento enfrentamiento por territorio, pero que en el tráfico internacional de drogas compartían figuras como Clark para mover cocaína sin conflictos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó el 29 de octubre de 2024, cuando presentó públicamente su detención, que Clark era el “enlace logístico” entre el CJNG y una organización conocida como CDP, además de estar vinculado al trasiego de fentanilo, metanfetaminas y armas hacia México, Estados Unidos, Canadá, Ecuador y Colombia.
Una doble vida y su importancia en el tráfico internacional
Antes de ser descubierto como criminal, Clark se presentaba en público como un hombre común. En abril de 2020, la revista canadiense Toronto Life lo entrevistó como mecánico de elevadores y propietario de siete propiedades en Toronto, que rentaba a seis inquilinos. “Quiero que mis inquilinos sepan que me preocupo por ellos y no se trata solo de pagarme. Somos afortunados, tengo un buen trabajo y vivo de manera frugal”, respondió a la periodista Andrea Yu por correo electrónico.
La estructura que administraba junto a Ryan Wedding no era una operación menor. Las autoridades estadounidenses estiman que generaba más de mil millones de dólares anualmente en ganancias ilícitas, según declaraciones de la entonces fiscal general Pam Bondi. La logística criminal comenzaba en Colombia, donde la organización adquiría grandes cargamentos de cocaína. La droga era transportada hacia México, donde el Cártel de Sinaloa brindaba protección y almacenaje temporal. Desde allí, la cocaína cruzaba la frontera hacia el sur de California, principalmente hacia Los Ángeles, mediante tractocamiones con compartimentos secretos diseñados para el traslado. Los condados de Los Ángeles, San Bernardino y Riverside funcionaban como centros de distribución antes de que la droga llegara a Canadá.
Red de transporte y operaciones en Canadá
La red de transporte en Canadá era liderada por Hardeep Rate y Gurpreet Singh, quienes cobraban entre 175,000 y 225,000 dólares por cargamentos de hasta 350 kilogramos de cocaína ya colocados en territorio canadiense, según documentos judiciales. Entre enero y agosto de 2024, Wedding y Clark presuntamente conspiraron para exportar más de 1,800 kilogramos de cocaína desde el sur de California hacia Canadá, una operación valorada en entre 23.4 y 25.2 millones de dólares en el mercado de Los Ángeles, de acuerdo con la acusación formal.
La organización también utilizaba criptomonedas, transferencias internacionales y empresas fachada en México, Canadá, Europa y el Reino Unido para lavar el dinero ilícito.
Violencia y homicidios vinculados a la organización
La violencia fue una herramienta de gestión de la organización. La acusación de Estados Unidos documenta al menos cuatro homicidios en Canadá directamente vinculados con Clark. El 20 de noviembre de 2023, en Ontario, dos miembros de una familia, Jagtar y Harbhajan Sidhu, fueron asesinados en represalia por el robo de un cargamento de cocaína en el sur de California. Las víctimas no tenían vínculos con el crimen organizado: eran los padres de un asociado a quien Clark y Wedding culparon por el robo. Un tercer integrante de la familia sobrevivió con heridas graves.
El 1 de abril de 2024, Clark fue señalado como autor intelectual de otro homicidio en Ontario: el de Randy Fader, por el cual pagó 100,000 dólares canadienses a Malik Damion Cunningham. Éste fue arrestado dos semanas después del crimen por la policía en Ontario. Según comunicaciones electrónicas interceptadas por las autoridades, Clark habría gestionado que Cunningham recibiera entrenamiento militar en México en marzo de 2024, antes del homicidio. Además, en mayo del mismo año, fue asesinado Mohammed Zafar por una deuda de drogas. También en 2024, en California, la madre de un comprador fue amenazada de muerte si no se efectuaba un pago inmediato.
La huella de violencia de la organización también llegó a Colombia: el 31 de enero de 2025, el colombiano-canadiense Jonathan Christopher Acevedo García, de 42 años, fue asesinado mientras comía en un restaurante del Mall del Indio, en Medellín. Según la periodista Calvi Leon del Toronto Star, Acevedo García había colaborado como informante de la policía en la operación contra Wedding y Clark.
Detención y proceso judicial del juez Luis Benítez Alcántara
Cuando Clark fue detenido en octubre de 2024 en la Plaza Andares de Zapopan, enfrentaba cargos en el Distrito Central de California y un proceso de extradición formal solicitado por Estados Unidos en noviembre de ese año. Lo que siguió fue una operación financiera meticulosamente diseñada para comprar su libertad. Desde ese mismo mes y en los siguientes, Clark transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares en pequeños montos y a través de intermediarios para evadir la detección, con el objetivo de asegurar su liberación, según el Departamento de Justicia.
Dentro de ese monto, negoció directamente con Luis Benítez Alcántara, entonces juez de distrito en la Ciudad de México. El 24 de febrero de 2025, en el mismo día en que Benítez recibió el pago completo del soborno, emitió una resolución que concedía fianza a Clark y ordenaba su liberación, según el comunicado del Departamento de Justicia.
Sin embargo, este plan fracasó. Días después de su liberación, Clark fue arrestado nuevamente. Para el 27 de febrero de 2025, fue trasladado a Estados Unidos junto con otros 28 narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero y Antonio Oseguera Cervantes, en el primer traslado masivo de capos que México entregó a las autoridades estadounidenses bajo la presión de la administración Trump. El 3 de marzo enfrentó en el Tribunal de Distrito en Phoenix una acusación formal por 16 cargos. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima obligatoria de cadena perpetua.
El arresto del juez Luis Benítez Alcántara y las implicaciones
Mientras tanto, Luis Benítez Alcántara fue detenido el domingo pasado en Colombia. La autoridad estadounidense hizo pública su caso el miércoles 5 de noviembre, en el que enfrenta nueve cargos de complicidad por haber ayudado a Clark a evadir su arresto, juicio o castigo. La acusación formal en su contra fue presentada por un gran jurado el 4 de septiembre de 2025. Cada cargo contempla una pena máxima de 15 años de prisión federal.
Estados Unidos ha solicitado formalmente su extradición desde Bogotá. El primer asistente del fiscal federal, Bill Essayli, destacó el alcance del caso y expresó: “Este caso subraya el compromiso de nuestra oficina de desmantelar organizaciones criminales en todos los niveles, incluyendo hacer responsables a quienes abusan de posiciones de confianza pública”.
Por su parte, Kash Patel, director del FBI, describió la investigación como parte de la labor de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional: “Benítez Alcántara era un juez de distrito en la Ciudad de México que presuntamente aceptó dos millones de dólares a cambio de conceder fianza y ordenar la liberación del segundo al mando de Wedding, mientras esta organización criminal transnacional generaba mil millones de dólares en ganancias ilícitas”. La operación fue coordinada por el FBI con colaboración de la Policía de Los Ángeles, la Real Policía Montada de Canadá, la Policía Nacional de Colombia y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol del país sudamericano.
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