Uruguay Al Día
El senador José Luis Falero criticó en el Senado la decisión de cancelar la planta de Arazatí y alertó sobre los riesgos del plan hídrico centrado en Casupá.
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, se presentó recientemente ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores para exponer y responder preguntas sobre el proyecto de ley de Presupuesto que actualmente se debate en el Parlamento uruguayo. Esta comparecencia cobró especial relevancia debido a las recientes decisiones de política pública respecto a las fuentes de abastecimiento de agua potable para el área metropolitana y el futuro de importantes proyectos de infraestructura hídrica.
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Debate sobre la cancelación de la planta en arazatí
Durante la sesión, una parte considerable del intercambio estuvo centrado en la polémica determinación del Poder Ejecutivo de abandonar el plan de construcción de la planta potabilizadora de agua en Arazatí, ubicada en el departamento de San José. Este proyecto había sido presentado como una de las soluciones para asegurar el suministro de agua en momentos de creciente preocupación por los eventos climáticos extremos y la seguridad hídrica futura.
Sin embargo, el gobierno optó por dejar de lado la iniciativa de Arazatí y, en su lugar, impulsar la construcción de una represa en Casupá, en el departamento de Florida. Este cambio de orientación generó intensos debates entre los legisladores y motivó posiciones encontradas respecto a la mejor estrategia para enfrentar los desafíos de acceso al agua.
Posturas políticas y argumentos técnicos
Uno de los principales intervinientes fue el senador nacionalista José Luis Falero, con una vasta experiencia como exministro de Transporte y Obras Públicas y un fuerte vínculo con el departamento de San José. Falero expresó que, si bien comparte la decisión de cancelar la obra en Arazatí desde su perspectiva de «vecino de San José», consideró que existían “otras alternativas” que debían ser evaluadas por el gobierno y el Parlamento antes de tomar una resolución definitiva.
El senador remarcó la importancia de no dejar al Uruguay dependiendo de una sola cuenca hidrográfica, en referencia a la centralidad que se otorga a la represa en Casupá, cuya operatividad dependería casi exclusivamente del río Santa Lucía. Falero cuestionó si se están estudiando todas las fuentes hídricas disponibles para el país, haciendo alusión específicamente al Río de la Plata como “una fuente alternativa de agua inagotable” que podría ser estratégicamente utilizada en caso de emergencia.
Implicancias de depender de una sola cuenca
El hecho de depender únicamente del río Santa Lucía ha despertado preocupación entre varios legisladores y especialistas, dado que cualquier afectación climática o contaminación en esa cuenca podría tener consecuencias directas sobre un amplio sector de la población. De acuerdo a lo expresado por Falero ante la comisión, una situación adversa podría colocar en riesgo inmediato a cerca de 1.800.000 personas, quienes quedarían expuestas a posibles restricciones severas en el acceso al agua potable.
La discusión trasciende las consideraciones meramente técnicas, puesto que también se vincula con la necesidad de generar consensos políticos y sociales en torno a las grandes decisiones de infraestructura. Falero lamentó que no se hubiera dado espacio a un amplio diálogo colectivo sobre el tema, enfatizando que «si hubiésemos entablado un diálogo social sobre este tema –como tantos otros que hemos entablado–, créanme que íbamos a encontrar el acuerdo más conveniente para el país». Según el senador, la ausencia de debate transversal refleja ciertos compromisos asumidos por la fuerza política gobernante, pero apunta también a una oportunidad perdida para lograr soluciones de mayor alcance y durabilidad.
Retos climáticos y lecciones del pasado
La experiencia reciente de Uruguay con eventos extremos, como lo fue la crisis hídrica de 2023, marcó un precedente importante en la discusión pública sobre la seguridad del abastecimiento de agua. Falero advirtió con vehemencia sobre «el riesgo enorme» que implica centrarse únicamente en la construcción de la represa Casupá, recordando que si se repitieran condiciones climáticas adversas podría desencadenarse una emergencia similar, o incluso más grave que la ya vivida.
El legislador afirmó que la decisión de orientar los esfuerzos solo al proyecto Casupá resulta políticamente legítima, pero recomendó prudencia y una evaluación más amplia de los riesgos ante posibles alteraciones del clima. Recalcó la necesidad de diversificar fuentes de abastecimiento, señalando que un enfoque exclusivamente centrado en una sola cuenca puede resultar peligroso para la seguridad colectiva. Desde su óptica, si la cuenca del Santa Lucía volviese a verse comprometida, «dejaríamos a 1.800.000 personas sin agua, cuando lo podríamos haber resuelto en dos o tres años como máximo» si se hubiera avanzado con alternativas complementarias como Arazatí o la utilización del Río de la Plata.
En el debate también se pusieron sobre la mesa los factores económicos, las inversiones requeridas y los tiempos de ejecución estimados para cada proyecto. De acuerdo con los expertos y técnicos convocados por la comisión, la represa de Casupá podría atender la demanda en el corto y mediano plazo, pero su aporte estructural presenta limitaciones si no se integra con otras fuentes o infraestructuras que permitan mitigar el impacto de sequías extremas, creciente salinización del agua o contaminación de origen industrial y agrícola en la cuenca principal.
En este contexto, la sesión parlamentaria permitió evidenciar las tensiones entre la necesidad de tomar decisiones oportunas ante el inminente desafío climático y las demandas de planificación a largo plazo que requieren transparencia, participación ciudadana y responsabilidad técnica. Mientras desde el Poder Ejecutivo se enfatiza la viabilidad y urgencia de Casupá como solución prioritaria, desde sectores de la oposición y expertos independientes se insiste en la importancia de retomar o complementar opciones como la planta de Arazatí y la captación directa del Río de la Plata.
Asimismo, el tema del financiamiento para estas obras públicas de vital importancia genera inquietudes tanto en los ámbitos económicos como sociales, dado el impacto potencial sobre la tarifa de agua, la redistribución de recursos presupuestales y la necesidad de garantizar equidad en el acceso a servicios esenciales en todo el país. El ministro Ortuño debió responder interrogantes acerca de los criterios utilizados para priorizar determinadas inversiones sobre otras, así como las previsiones para evitar situaciones similares a las de 2023, que pusieron en jaque la capacidad operativa del sistema y la salud pública de millones de ciudadanos.
Aunque la sesión no desembocó en un consenso claro, reflejó la complejidad e importancia de la gestión del recurso hídrico en el Uruguay de hoy. Las posiciones confrontadas evidencian un diálogo abierto respecto al futuro del agua en el país, sus desafíos estructurales y el papel integral del Estado y la sociedad para asegurar soluciones eficientes, transparentes y de largo plazo.
En suma, el debate sobre los proyectos de infraestructura para el abastecimiento de agua en Uruguay sigue abierto, con actores de gobierno y oposición procurando fijar posiciones sólidas ante una problemática que, lejos de ser coyuntural, demanda acuerdos de Estado y una visión estratégica sustentada en criterios ambientales, sociales y técnicos.