La quiebra y posterior disolución de Ueno Bank por orden del Banco Central del Paraguay (BCP) no solo provocó la renuncia inmediata del presidente Santiago Peña, sino que desató un cataclismo económico y social sin precedentes en la República del Paraguay. El colapso del banco digital dejó a tres millones de personas —el 60% de la población adulta del país— y a múltiples organismos estatales atrapados en un drástico «corralito» financiero que mantiene a la población protestando en las calles de Asunción.
Lo que nació en 2021 como un proyecto fintech innovador impulsado por el Grupo Vázquez tras absorber Financiera El Comercio y posteriormente a Visión Banco, se transformó rápidamente en el actor dominante en cantidad de usuarios. Sin embargo, detrás de una millonaria fachada publicitaria que incluía el sponsoreo de la selección paraguaya y de los clubes Olimpia y Cerro Porteño, se escondía un entramado de autopréstamos irregulares, transferencias fraudulentas de cartera dañada a empresas vinculadas como Vinanzas SA por más de 74 millones de dólares y un severo vaciamiento de solvencia.
Lazos de corrupción política, fondos estatales atrapados y ley de emergencia
El ingrediente que encendió la mecha de la crisis política radica en los estrechos vínculos entre la entidad y el cúpula del gobierno de la República del Paraguay. El renunciado mandatario Santiago Peña fue accionista de Ueno Bank hasta marzo de 2025, al tiempo que el presidente del BCP hasta la intervención, Carlos Carvallo, se había desempeñado como titular de Ueno hasta julio de 2023, cruzando de bando para transformarse en el regulador del mismo banco que debía auditar.
La dimensión de la estafa es astronómica: Ueno administraba cerca de 850 millones de dólares en recursos públicos, dejando paralizados los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) —afectando el pago de jubilaciones y cobertura médica—, el Ministerio de Economía y la Conmebol. Frente a la parálisis total de las tarjetas, la aplicación y los Certificados de Depósito de Ahorro, la Justicia imputó a 27 directivos por lesión de confianza y tentativa de estafa. En paralelo, el Congreso sancionó a contrarreloj una ley de urgencia para utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos y devolver un anticipo de hasta 19.700 dólares a los damnificados en un intento desesperado por evitar una debacle sistémica.
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