Aumentan los ataques a sistemas de agua en zonas de conflicto, advierte UNICEF
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado que los ataques dirigidos a instalaciones y sistemas de agua en regiones en conflicto se han triplicado en los últimos cuatro años. Esta escalada ha contribuido al aumento de enfermedades y casos de desnutrición, especialmente entre los menores de edad.
Impacto de los ataques en la salud infantil y el acceso a agua potable
La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, advirtió que los ataques contra los sistemas de agua y saneamiento privan a los niños de acceso a agua potable y a servicios esenciales. Russell destacó además el trabajo del personal humanitario para mantener los suministros en medio de estas circunstancias adversas. En la cuarta edición del informe ‘El agua bajo el fuego’, la agencia documenta una tendencia creciente en los ataques a plantas de potabilización, tuberías, pozos, así como la contaminación de fuentes y restricciones para obtener repuestos y productos químicos necesarios para el tratamiento del agua en aproximadamente 20 países.
UNICEF explicó que las consecuencias de estos ataques van mucho más allá de la simple falta de agua limpia. Sin acceso a agua potable, los centros sanitarios no pueden esterilizar instrumentos, atender partos de forma segura ni preparar leche terapéutica para tratar la desnutrición grave en los niños. Además, la ingesta de agua contaminada aumenta los episodios de diarrea, impidiendo que las personas, especialmente los más vulnerables, absorban los nutrientes necesarios y fortalecen su inmunidad frente a infecciones, que proliferan en condiciones de alta contaminación.
Casos y consecuencias en diferentes países
El informe también registra casos en los que niños han muerto, resultado heridos o han sufrido otros daños al hacer cola para recoger agua, con numerosos ejemplos ocurridos en Gaza. En otras ocasiones, mujeres y niñas enfrentan riesgos de violencia sexual al alejarse demasiado de sus hogares para obtener agua. En el estado sudanés de Jartum, la cantidad de plantas de tratamiento de agua en funcionamiento ha disminuido considerablemente, mientras que en Burkina Faso, más de 145 puntos de abastecimiento han sido destruidos entre 2020 y 2025, dejando sin acceso a agua potable a unas 830,000 personas, la mayoría niños.
En la Franja de Gaza, desde octubre de 2023, más de 130.000 metros de tuberías de alcantarillado han sido dañados, provocando que aguas residuales sin tratar se viertan en el mar Mediterráneo o en zonas de almacenamiento temporal. En Ucrania, los ataques contra instalaciones energéticas en diciembre de 2022 afectaron a casi siete millones de menores, sin acceso a electricidad, calefacción ni agua. En Irak, un ataque con drones en noviembre de 2025 destruyó casi el 80% de la producción eléctrica en Kurdistán, lo que llevó a racionar el suministro de agua en hospitales y ciudades.
Desafíos y respuestas ante la crisis del agua en zonas de conflicto
Los ataques también han puesto en peligro a los trabajadores encargados de mantener estas instalaciones. En Líbano, por ejemplo, 14 empleados de las agencias responsables han muerto en 2024 durante los ataques israelíes. Como alternativa, en algunos lugares se utilizan paneles solares para suministrar electricidad a estos sistemas, reduciendo la dependencia del combustible y de la red eléctrica convencional, muchas veces precaria. Un ejemplo es Afganistán, donde los programas de UNICEF que emplean energía solar representan el 65% de las instalaciones en el país.
A pesar de estos esfuerzos, la labor de protección y mantenimiento se ve amenazada por recortes en la financiación. UNICEF ha señalado que solo se ha recibido el 26% del presupuesto necesario para cubrir las demandas humanitarias de agua para cerca de 138 millones de personas en 2026. Ante esta situación, la organización ha realizado un llamamiento a todos los actores en conflicto, Estados, donantes y organizaciones humanitarias, para que reconozcan la protección del acceso al agua como una prioridad esencial para la población civil, en particular para los menores.
Entre las peticiones, UNICEF solicita el establecimiento de mecanismos para recopilar datos sobre los ataques a los sistemas de agua, la protección de los menores y sus comunidades, así como del personal que trabaja en estos sectores y en el energético. Además, insiste en la necesidad de garantizar un acceso seguro a estos recursos e invertir en su fortalecimiento y reparación.
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