El exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, reiteró sus críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a través de una carta difundida en la mañana del miércoles 4 de noviembre de 2026. En esta misiva, Leyva sostuvo lo que manifestó en una entrevista con la revista Semana el 20 de octubre pasado, en la cual afirmó que la JEP “se inventa normas” y que las críticas dirigidas al organismo, y que el exfuncionario considera insuficientes, son “cortas”.
Acusaciones sobre la legalidad y las normas de la JEP
Desde el inicio de su declaración, Leyva afirmó: “En la JEP no se está reparando a las víctimas. Se han inventado normas que no existen. Hay algo que se llama la movilidad vertical; es un invento”, adversando así el marco normativo actual del tribunal. En su carta, también señala que la estructura de la JEP “no fue acordada oficialmente” y que constituye “un engendro impropio auto reglado, carente de las atribuciones jurídicas que se le asignan”.
Para fundamentar su posición, el exministro argumentó que la verdadera base de la JEP está establecida en un único documento con carácter universal: la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual adjuntó a su comunicación mediante un enlace (https://docs.un.org/S/2017/272). Leyva insistió en que dicho documento “no ha sido impugnado ni modificado por quienes carecen de competencia para hacerlo”, y explicó que su origen se encuentra en los Acuerdos Especiales (Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949) y en una declaración unilateral de Estado, considerada supra bloque de constitucionalidad y obligatoria para todos los Estados del mundo.
Implicaciones internacionales y obligaciones del Estado
El exministro destacó que la declaración unilateral emitida por Colombia el 13 de marzo de 2017 genera obligaciones jurídicas internacionales, las cuales, afirmó, “pueden ser exigidas por otros Estados”. En ese sentido, Leyva manifestó estar dispuesto a participar en debates sobre el tema, tanto en Colombia como ante las Naciones Unidas en Nueva York, donde, según él, aún existen autoridades con la capacidad de escuchar y dialogar.
Asimismo, Leyva Durán señaló que la estructura actual de la JEP ha incorporado reglas que no estaban previstas en los acuerdos originales ni en el documento presentado ante Naciones Unidas, y que dichas adiciones “permitieron la libertad de agregar normas por su lado”. Considera que esto ha resultado en una especie de “segunda JEP” que difiere del marco inicial acordado.
Críticas a las figuras y procedimientos internos de la JEP
Entre las principales críticas, Leyva mencionó la existencia de la figura de la “movilidad vertical”, que definió como “un invento de la actual JEP”, y afirmó que esta práctica, en la cual las secciones judiciales remiten casos a salas para que estas practiquen actuaciones que posteriormente regresan a las secciones, podría afectar la imparcialidad de los magistrados. Agregó que, en estos casos, los magistrados deberían declararse impedidos para conocer los expedientes, ya que consideró que “cuando llega a las secciones ya está contaminado”.
Criticó también la figura de la “verdad previa”, que exige a algunos comparecientes demostrar ciertos antecedentes antes de tramitar recursos, y relató que personas que acudieron a la JEP hace entre seis y ocho años aún esperan resoluciones de fondo, pues la institución les advierte que, al no cumplir con dicha verificación, podrían ser enviados a la jurisdicción penal.
La justicia transicional y las obligaciones del Estado
Leyva sostuvo que la justicia transicional debería aplicarse de manera integral e “inescindible” a todos los actores del conflicto armado, incluidos miembros de las fuerzas públicas y excombatientes de las Farc. En su visión, el Estado tiene una obligación central en materia de reparación, tanto en responsabilidad como en acciones concretas para reparar a las víctimas, un proceso que, en su opinión, ha avanzado de manera insuficiente.
El exfuncionario sostuvo que, en muchos casos, las reparaciones no se han entregado por falta de voluntad política o por obstáculos administrativos, y criticó que la JEP, en cabeza de Alejandro Ramelli Arteaga, realiza reparaciones a las víctimas del conflicto, por lo cual afirmó que hay un proceso que deja mucho qué desear en cuanto a su eficiencia y alcance real.
Reacciones y propuestas para el diálogo
Al ser consultado sobre las críticas de las víctimas y otros sectores políticos hacia la JEP, Leyva calificó esas críticas como “totalmente justas y que se quedan cortas”. Aclaró que, si bien reconoce fallas en el presupuesto y en la estructura administrativa del tribunal, no presentó durante la entrevista cifras o documentos específicos sobre esas cuestiones.
Finalmente, abordó el tema de las sanciones previstas en el sistema transicional para responsables de delitos graves, como secuestros, masacres o reclutamiento de niños, evitando hacer juicios de valor sobre decisiones concretas. En cambio, enfatizó que el problema principal radica en la legitimidad misma de la estructura institucional de la JEP, que según él, “actualmente no tiene la autoridad para hacer nada”, y concluyó que en su mismo tribunal “una parte está inventada por ellos de la jurisdicción ordinaria”.
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