El Senado de Brasil aprueba una enmienda constitucional que refuerza la seguridad pública
El Senado de Brasil ha aprobado este martes, sin ningún voto en contra, una propuesta de enmienda constitucional (PEC) que reorganiza las fuerzas de seguridad del país, otorgando mayor influencia al Gobierno federal en esta área. La decisión excluye expresamente la posibilidad de reducir la edad de responsabilidad penal, que actualmente está fijada en los 18 años.
Creación del Sistema Unificado de Seguridad Pública y nuevas medidas penales
La PEC, cuya aprobación fue comunicada por la propia cámara en sus redes sociales, establece la creación de un Sistema Unificado de Seguridad Pública (SUSP). Además, propone un régimen penitenciario más estricto dirigido a líderes y miembros de organizaciones criminales conocidas como ‘facciones’, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (Comando Rojo), así como a organizaciones paramilitares y milicias.
Ampliación de competencias y estructura de las fuerzas policiales
Con 73 votos a favor en la primera votación y 75 en la segunda, y sin oposición por parte de ningún senador, la iniciativa recibió luz verde en su totalidad. La PEC apenas requería 49 apoyos para ser aprobada y ahora solo resta su promulgación oficial por parte del Congreso, que ya cuenta con la aprobación previa de la Cámara de Diputados.
Una de las principales innovaciones de la propuesta es la constitución del SUSP, que establece formalmente que la seguridad debe ser ejercida en un marco de cooperación federativa y mediante acciones integradas y descentralizadas entre diferentes instituciones. La PEC indica que «los organismos de seguridad pública se coordinarán en un régimen de cooperación federal, a través del Sistema Unificado de Seguridad Pública, diseñado para garantizar la eficacia de la prevención, el enjuiciamiento y la ejecución penal».
Nuevas responsabilidades y estructuras de las fuerzas de seguridad
Además, la enmienda contempla la creación de cuerpos policiales municipales de carácter civil, sometidos al control externo de la Fiscalía General, encargados de realizar labores policiales visibles y comunitarias en las ciudades. También amplía las funciones de la Policía Federal de Carreteras, prevé la instauración de fuerzas policiales municipales y aumenta la asignación presupuestaria destinada a la seguridad pública.
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