Hallazgo de personas con antecedentes en la residencia del director del Dapre genera conmoción
El pasado 28 de octubre de 2026, se reportó que tres personas con antecedentes penales, específicamente por homicidio y ocho por hurtos agravados, fueron encontradas en la residencia del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta. La información fue confirmada por el Gobierno nacional a través de un comunicado difundido el 3 de noviembre, que además detalla una serie de hechos relacionados con la seguridad y posibles irregularidades en el entorno del funcionario.
Incidentes relacionados con la seguridad del funcionario
Según el comunicado oficial, las autoridades de protección identificaron a los tres individuos en el interior de la vivienda de Ríos Puerta y los pusieron a disposición de las entidades judiciales correspondientes. Adicionalmente, cerca del establecimiento educativo al que asisten los hijos del director del Dapre fue vista otra persona que, al advertir la presencia de la Policía, se retiró rápidamente del lugar. Sobre este segundo incidente, el documento oficial señala: “no alcanzó a quedar a disposición de las autoridades. Se trabaja para identificarla”.
Denuncias de instrumentalización y controversias políticas
El 21 de octubre, durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, Ríos anunció quePresentaría una denuncia formal ante la Fiscalía por la presunta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas al Dapre mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) durante la administración del expresidente Gustavo Petro. El funcionario afirmó que dicha modalidad contractual habría sido utilizada para facilitar la cercanía de estas mujeres con el entonces mandatario.
“Hay denuncias y las haremos. Personalmente, las haré sobre 48 mujeres que tenía el expresidente Gustavo Petro en la Presidencia, que, lamentablemente, las instrumentalizaba a punta de OPS”, declaró Ríos en ese acto parlamentario.
Asimismo, cuestionó el uso que, según su percepción, se habría dado a las instalaciones de la Casa de Nariño durante el gobierno anterior. “La Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a no gobernar, sino a todos los días parrandear allá, llevar mujeres”, afirmó.
Es importante destacar que Ríos no divulgó públicamente los nombres de las mujeres mencionadas ni presentó en esa sesión detalles de las pruebas que respaldarían sus afirmaciones, aunque aseguró que varias de ellas ya estaban en contacto con el actual Gobierno para relatar lo ocurrido.
Reacciones públicas y respuesta oficial
El caso cobró mayor relevancia pública tras una entrevista concedida por Deicy Jiménez a la revista Semana, donde relató que el entonces presidente Petro habría utilizado a mujeres jóvenes para obtener beneficios personales a cambio de contratos, y que algunas de ellas habrían asistido a reuniones y fiestas en circunstancias que constituirían un abuso de poder. Frente a estas acusaciones, Gustavo Petro rechazó categóricamente las imputaciones mediante un comunicado oficial.
Por su parte, el abogado de Jiménez, Andrés Felipe Caballero, anunció su renuncia a la defensa de la mujer, alegando preocupaciones relacionadas con la seguridad e integridad personal de su clienta.
Investigaciones en curso y acciones judiciales
La Fiscalía General de la Nación inició de oficio una indagación preliminar tras la denuncia de Ríos, la cual está bajo la responsabilidad de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La autoridad fiscal prevé citar a declarar tanto al propio director del Dapre como a las exdirectoras de la entidad, Laura Sarabia y Angie Rodríguez, así como a otros funcionarios y exfuncionarios vinculados con los hechos.
Además, la Fiscalía ordenó inspecciones en las instalaciones del Dapre para revisar todos los contratos cuestionados y dispuso diligencias de policía judicial para recopilar pruebas adicionales. Este proceso forma parte de una investigación más amplia iniciada el 23 de octubre, relacionada con posibles irregularidades en diferentes dependencias públicas durante la administración anterior.
Repercusiones y respaldo institucional
En relación con las acusaciones contra Petro, la competencia para investigarlo recae en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en función de sus labores como presidente de la República, y en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, considerando su actuación actual como senador.
El comunicado oficial de la Presidencia calificó los señalamientos de Ríos como “graves” y afirmó que corresponde a la justicia esclarecerlos. Respecto a los hechos ocurridos en la residencia del funcionario, expresó: “El Gobierno Nacional expresa toda su solidaridad con el director Ríos y su familia, y exige que las autoridades esclarezcan con celeridad estos hechos y establezcan si guardan alguna relación con su denuncia”.
Sobre el episodio registrado cerca del colegio de los hijos del funcionario, el texto agregó: “Ningún servidor público debería tener que escoger entre entregar un expediente y dormir tranquilo. Mucho menos deberían pagarlo sus hijos”.
El Gobierno concluyó su pronunciamiento comprometiéndose a garantizar las medidas de protección necesarias para Ríos Puerta y su familia, y reiteró su respaldo a la Fiscalía para que la investigación avance sin presiones ni intimidaciones.
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