Tribunal de apelaciones de EE.UU. detiene orden judicial que restringía acciones del Gobierno en elecciones
Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos dictaminó este martes a favor de la Administración del expresidente Donald Trump, al suspender una orden provisional de una jueza que prohibía al Gobierno solicitar a funcionarios estatales y locales que descartar ciertos votos y que amenazaban con acciones penales relacionadas con las elecciones de mitad de mandato.
Decisión del Tribunal del Noveno Circuito durante la jornada electoral
El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito aceptó este mismo día, en plena jornada electoral, una solicitud del Departamento de Justicia para bloquear la orden emitida el viernes pasado por la jueza de distrito Trina Thompson. La medida impedía al Ejecutivo de Trump «amenazar» o «intimidar» a los funcionarios encargados de las elecciones, en medio de las campañas y las votaciones en curso.
Contexto y antecedentes de la medida judicial
El fallo temporal del tribunal se produjo pocos días después de que Thompson prohibiera a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional exigir a los funcionarios electorales en cualquier estado que «separen las papeletas, eliminen votantes de los padrones electorales o detengan el procesamiento de los votos». La orden judicial entró en vigor tras una demanda interpuesta por una coalición de sindicatos y grupos de derechos civiles, entre ellos la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, que argumentaron que las acciones del Gobierno vulneran la Ley de Derecho al Voto y constituyen una injerencia inconstitucional en la gestión estatal de las elecciones.
Controversia por la operación de cotejo de datos y su impacto
La controversia también se centra en una operación de cotejo de datos, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional, que compara las listas de votantes estatales con registros federales. Los funcionarios electorales han señalado que las listas de presuntos no ciudadanos generadas por esta agencia no son confiables. La Administración afirma que la intención es prevenir el voto ilegal de personas no autorizadas, y ha declarado que procesará a los funcionarios electorales que no actúen lo suficiente para impedir dichas votaciones.
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