Denuncian amenazas y extorsiones contra infraestructura energética y transporte en Antioquia
Empresas Públicas de Medellín, EPM, alertó al Congreso de la República sobre una serie de amenazas y acciones violentas atribuidas a grupos armados en la región de Antioquia, específicamente relacionadas con el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, el sistema de transporte metro y la infraestructura eléctrica de la zona. Estas amenazas se registraron entre agosto de 2025 y principios de 2026, y estuvieron acompañadas de extorsiones, ataques y restricciones que afectaron a las operaciones y seguridad de estas instalaciones.
Extorsiones y control territorial por parte de grupos armados
Según la comunicación de la empresa, las exigencias para permitir la operación de Hidroituango incluyeron una cuota inicial de 5.000 millones de pesos y pagos mensuales de 500 millones. La denuncia expone que estas intimidaciones también alcanzaron al sistema de transporte metro y a la Alcaldía de Medellín, en un contexto de amenazas coordinadas por disidencias de las Farc, principalmente por el Frente 36, y por el Clan del Golfo.
El senador antioqueño Simón Molina, quien coordinó las denuncias, afirmó que el Clan del Golfo pretendió cobrar una cuota de entrada y pagos mensuales para facilitar el funcionamiento de la central hidroeléctrica, mientras que el Frente 36 controlaba el ingreso de personal y las operaciones en la zona. Molina detalló que el Frente 36 incluso instaló dos cilindros explosivos en la vía de acceso a Hidroituango, lo que provocó la muerte de un sargento del Ejército y dejó herido a un soldado. Además, la estructura criminal también realizó atentados contra tres torres de transmisión eléctrica en Medellín y Bello.
Impactos sobre la seguridad y operaciones del proyecto
Las acciones violentas incluyeron la retención de trabajadores, expulsiones de cuadrillas, y la imposición de permisos escritos para ingresar a zonas específicas. La empresa informó que estas amenazas llevaron también a la restricción temporal del ingreso de personal a sectores rurales de Briceño y a al menos 17 veredas, en un esfuerzo por proteger a las cuadrillas que realizaban labores técnicas y de mantenimiento.
En marzo de 2026, se reportaron sobrevuelos de drones sobre la central hidroeléctrica, otro episodio que incrementó la preocupación en torno a la seguridad del proyecto. La presencia de grupos armados en las áreas de influencia, como el Frente 36, el ELN y el Clan del Golfo, también ha generado riesgos adicionales en las centrales de Porce II y Porce III, donde se detectaron 26 socavones, una draga y dos campamentos con cerca de 124 personas, ligados a actividades de minería ilegal, desvío de cauces y excavaciones en zonas protegidas.
Afectaciones en comunidades y servicios públicos
Las amenazas no se limitaron a la infraestructura energética: en el asentamiento irregular de Granizal, en Bello, EPM y la Alcaldía de Medellín también detectaron que estructuras vinculadas al Clan del Golfo cobran cuotas por el agua cruda, revenden agua potable y sabotearon operaciones para el suministro a las comunidades. Además, se reportaron amenazas contra conductores y líderes sociales, quienes interrumpieron el abastecimiento de agua, aunque no se pudo identificar con precisión a los responsables.
El jefe de Seguridad de EPM, Daniel Francisco Moreno Peláez, remitió estas denuncias al representante Simón Molina, quien las presentó en un debate de control político. El senador solicitó al Gobierno nacional recuperar el control territorial en el Bajo Cauca, desmantelar al Clan del Golfo y proteger de manera efectiva la infraestructura energética afectada por estos grupos armados.
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