Un gran jurado de Texas acusó formalmente este viernes al agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Mario Alberto Morales, por el delito de agresión agravada con un arma mortal, tras haber atropellado a principios de mes al inmigrante mexicano Miguel Parra Hernández en el condado de Harris.
El caso cobró notoriedad luego de que los investigadores de la fiscalía y la oficina del sheriff hicieran públicos los registros de videovigilancia y las grabaciones de las cámaras corporales, elementos que contradijeron la versión inicial brindada por la agencia federal.
El hecho y la revisión de las pruebas en video
El episodio ocurrió el pasado 10 de octubre en Houston, cuando personal de ICE realizaba operativos en la zona. De acuerdo con los registros expuestos por el fiscal de distrito del Condado de Harris, Sean Teare, y el sheriff Ed González, las imágenes descartaron la versión oficial en la que se aseguraba que el ciudadano mexicano se había cruzado imprevistamente frente al vehículo de la fuerza federal.
Por el contrario, el análisis de las cámaras de seguridad de comercios locales y de los dispositivos de los agentes permitió determinar que el vehículo oficial conducido por Morales embistió de manera deliberada a Parra Hernández mientras este intentaba escapar a pie. En los videos difundidos se observa a la víctima tendida en el pavimento, pidiendo ayuda y gritando de dolor tras ser arrollada.
Consecuencias físicas y estado judicial del afectado
Como consecuencia directa del impacto, Parra Hernández sufrió heridas de extrema gravedad que comprometieron su vida, incluyendo fracturas severas en una pierna, lesiones en la cadera y daños en los nervios de las extremidades. Tras permanecer hospitalizado, el inmigrante fue derivado a un centro de rehabilitación, aunque continúa bajo custodia de las autoridades migratorias y enfrenta un proceso de deportación.
La representación legal del afectado y organizaciones comunitarias de defensa de los derechos de los inmigrantes cuestionaron duramente el accionar del agente federal. César Espinosa, director ejecutivo de la organización FIEL, calificó la imputación como un paso necesario pero insuficiente, e insistió en que el uso desmedido de la fuerza por parte de personal mal entrenado pone en riesgo la seguridad pública. Asimismo, la abogada Kim Bruno destacó la contundencia de las pruebas fílmicas para esclarecer los hechos.
Postura de la fiscalía y medidas disciplinarias
El fiscal Sean Teare remarcó que la acusación formal contra el agente de 33 años —quien de ser hallado culpable enfrenta una pena de hasta dos décadas de prisión— busca enviar un mensaje claro de que ningún funcionario se encuentra por encima de la ley. Por su parte, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que Morales fue suspendido de sus funciones de manera preventiva tras el incidente.
Las investigaciones continúan su curso mientras la defensa y los familiares de Parra Hernández exigen su liberación para que pueda colaborar plenamente con el proceso judicial y recibir la atención médica integral que requieren sus secuelas físicas.
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