Implementan medidas tras operativos contra irregularidades migratorias en Perú
La Superintendencia Nacional de Migraciones ha dispuesto la separación de funciones de los empleados involucrados en una investigación por presunto tráfico ilícito de migrantes y adulteración de registros migratorios. La decisión fue comunicada por el superintendente Luis Fares Yunis Herrera tras realizarse detenciones preliminares por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).
Detalles de las diligencias y alcance de la investigación
Las acciones fiscales y policiales tuvieron lugar en Lima, Callao, Tumbes, Puno y Lambayeque, en el marco de una investigación que revisa posibles irregularidades en los controles migratorios ocurridas entre 2022 y 2025. La Superintendencia señaló que el caso surgió a partir de una denuncia interna y abarca delitos de tráfico ilícito de migrantes, falsedad genérica y alteración de información oficial.
Entre las 12 personas detenidas, se encuentran cinco empleados activos de Migraciones, seis exfuncionarios y un efectivo policial en situación de retiro, según afirmó el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez.
Reacciones y acciones inmediatas
El superintendente Yunis Herrera se reunió con Gálvez para coordinar las acciones dirigidas a esclarecer los hechos y avanzar en las investigaciones. Respecto a las medidas adoptadas, informó que los involucrados fueron suspendidos de sus funciones mientras duren las diligencias, con el objetivo de evitar que continúen participando en actividades relacionadas con sus cargos durante el proceso.
El fiscal Gálvez resaltó que, por el momento, hay información más sólida respecto a algunos detenidos, señalando que las evidencias apuntan particularmente a dos o tres personas, aunque el panorama podría variar antes de que finalice el plazo de detención preliminar, el próximo martes.
Revisión de controles y futuras acciones
Las autoridades continuarán proporcionando la documentación solicitada y reforzando los mecanismos internos de supervisión. Por parte del Ministerio Público, será crucial definir las responsabilidades penales de los investigados y solicitar las medidas judiciales que estime pertinentes, en función de los resultados de las pesquisas.
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