El Tribunal Supremo establece la legitimación de la esposa para reclamar indemnización en caso de fracaso de una vasectomía
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha resuelto un recurso de casación presentado por un matrimonio, admitiendo que la esposa del paciente sometido a una vasectomía tiene derecho a reclamar responsabilidad patrimonial contra la Administración sanitaria cuando la intervención fracasa y no se informó adecuadamente sobre ese riesgo.
Origen del litigio: una vasectomía con resultado no deseado
El caso se originó tras realizarse una vasectomía en un centro sanitario público de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, se produjo una recanalización espontánea de los conductos deferentes, provocando el fracaso del método de esterilización y, en consecuencia, un embarazo no planificado. La Administración y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconocieron que existió un déficit informativo respecto a los riesgos, indemnizando al paciente por daños morales derivados de la vulneración de su derecho al consentimiento informado. Sin embargo, rechazaron la reclamación presentada por su esposa, argumentando que carecía de legitimación activa para ejercer esa reclamación.
Decisión del Tribunal Supremo y su impacto en la legislación sanitaria
La cuestión de interés casacional residía en determinar si la pareja del paciente podía reclamar una indemnización propia en estos casos. La sentencia de la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo destaca que el derecho a la información clínica y al consentimiento informado corresponde exclusivamente al paciente, por tratarse de un derecho personalísimo ligado a su autonomía y derechos fundamentales a la integridad física y moral. Sin embargo, la Sala diferencia la titularidad de ese derecho de las consecuencias que derivan de su vulneración.
El Tribunal Supremo argumenta que, aunque la falta de información médica afecta directamente el derecho del paciente, las consecuencias del fallo en la vasectomía también repercuten en su pareja. La ausencia de información sobre el riesgo de recanalización impidió que ambos pudieran tomar decisiones informadas respecto a su planificación familiar y el uso de otros métodos anticonceptivos. La mujer, en este contexto, sufrió un daño autónomo, consistente en la frustración de su capacidad reproductiva y de planificación familiar, lo que justifica que pueda reclamar una indemnización propia.
Detalle de la jurisprudencia y la sentencia final
La jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo sostiene que, en casos de omisión de información relevante sobre el riesgo de fracaso de una vasectomía, la pareja estable del paciente puede solicitar responsabilidad patrimonial por los daños propios que hayan sufrido como consecuencia de dicha omisión. La legitimación no se basa en una titularidad compartida del derecho al consentimiento informado, sino en la existencia de un daño autónomo sufrido por quien se ve afectado por la falta de información.
Aplicando esta doctrina al caso concreto, la Sala del Tribunal Supremo ha estimado el recurso, anulando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y reconociendo el derecho de ambos reclamantes a ser indemnizados. La resolución fija una indemnización de 35.000 euros para cada uno, además de los intereses legales correspondientes.
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