Investigaciones disciplinarias por irregularidades en contratos del ICBF durante la administración de Gustavo Petro
La Procuraduría General de la Nación inició un proceso de investigación contra dos exfuncionarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el marco de una revisión interna de los procedimientos y contrataciones realizados durante la administración del presidente Gustavo Petro. La noticia fue revelada en la tarde del domingo 25 de octubre.
Detalles de la investigación por posibles anomalías en contratos de 2024
De acuerdo con un comunicado oficial del Ministerio Público, se abrió un proceso disciplinario contra Adriana Velásquez Lasprilla y María Mónica Martínez, quienes desempeñaron cargos directivos en la entidad. La investigación se realiza por presuntas irregularidades en un proceso contractual llevado a cabo en 2024, cuyo objetivo era proporcionar servicios de educación inicial para la primera infancia.
El objetivo de la actuación disciplinaria es esclarecer si hubo irregularidades en las distintas fases del proceso, incluyendo la planificación, estructuración y ejecución del contrato. Además, se busca determinar si dichas irregularidades afectaron el cumplimiento de las obligaciones contractuales o la supervisión apropiada de los servicios.
Es importante señalar que Velásquez Lasprilla ocupó el cargo de subdirectora general del ICBF durante el mandato de Petro, mientras que Martínez fue directora de primera infancia de la misma institución.
El Ministerio Público manifestó que “se hace necesario verificar si durante la ejecución del contrato se presentaron situaciones que pudieron comprometer el cumplimiento de las obligaciones pactadas o la adecuada supervisión del mismo”.
Contexto adicional: retraso en la entrega de sede del ICBF en Bogotá
El caso de las irregularidades en los contratos no es el único en el centro de atención. Un día antes, el ICBF reportó que un edificio de cinco pisos, destinado a la institución en el barrio Centenario de Bogotá, permanece sin ser puesto en servicio, a pesar de que su construcción comenzó en 2014 y ha recibido una inversión superior a los 4.600 millones de pesos.
La sede, ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, había sido proyectada para ampliar la capacidad operativa del ICBF en esa zona, concentrando allí la atención administrativa y atendiendo a decenas de trabajadores. Sin embargo, a cierre de 2026, la obra está solo al 76% de ejecución, y lleva más de doce años en construcción sin estar habilitada para prestar servicios.
En 2024, se firmó un nuevo contrato para la adecuación y finalización de la obra, pero la edificación continúa inconclusa. Según un informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del ICBF, el contrato inicial no cumplió con las obligaciones establecidas, y el proceso de adecuación tampoco ha avanzado conforme a lo previsto, con varios incumplimientos registrados.
Impacto en la comunidad y preocupaciones por la infraestructura abandonada
El edificio, diseñado para albergar a más de 70 funcionarios, aún no ha sido entregado ni habilitado para su uso. Wilfredo Pulido, vecino del sector con más de treinta años en la zona, afirmó que los empleados que deberían ocupar la sede todavía trabajan en otra oficina cercana, que cuenta con un espacio reducido.
El residente expresó su preocupación por la falta de claridad respecto al destino del inmueble y sostuvo que distintas autoridades han dado versiones contradictorias, incluyendo la posibilidad de demoler la estructura, completar las obras o mantenerla como un proyecto abandonado.
“Lleva más de tres años en obra, iba a ser entregada hace tiempo, pero está inconclusa, sigue ahí perjudicando a toda la comunidad. Supuestamente era para 75 funcionarios, pero ellos están hacinados en otra sede cercana. No sabemos qué van a hacer con esta obra porque hemos tocado varias puertas y nadie nos da respuestas. Dicen que la van a demolir, que la van a dejar, pero al final no hacen nada con ese elefante blanco”, afirmó en diálogo con Caracol Radio.
Para los habitantes del barrio Centenario, el estado de abandono de la edificación ha tenido efectos negativos en el entorno: ha facilitado la presencia de actividades delictivas y ha deteriorado la imagen del sector. La comunidad ha solicitado a las autoridades que, si no se va a usar para fines administrativos, la sede sea destinada a programas para niños, madres y población vulnerable, con el fin de aprovecharla en beneficio social.
La preocupación persiste mientras las obras permanecen paralizadas, y la comunidad clama por una solución que evite la persistencia de un proyecto inactivo que afecta la seguridad y el bienestar del sector.
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