Desde un buque de guerra, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno establecerá oficialmente las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Catorce años después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolviera el conflicto marítimo entre Nicaragua y Colombia, el gobierno colombiano, liderado por Abelardo de la Espriella, se prepara para tomar una decisión que podría desencadenar una nueva crisis diplomática. La polémica se centra en si es legal que Colombia, mediante un decreto presidencial, intente recuperar espacios marítimos que la justicia internacional asignó a Nicaragua.
Anuncio oficial y posible impacto en espacios marítimos
El domingo 18 de octubre, De la Espriella afirmó desde un buque de la Armada colombiana en aguas del Caribe que su administración establecerá formalmente las líneas de base del archipiélago el próximo 30 de noviembre. La medida determinará los puntos desde los cuales Colombia medirá sus espacios marítimos, una acción que, según expertos, podría afectar zonas en las que Nicaragua tiene derechos reconocidos por la corte internacional.
El mandatario aseguró: “Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a sus pescadores”, además de presentar esta medida como una reivindicación de la soberanía nacional y una respuesta ante el supuesto abandono sufrido por el archipiélago.
Regulación internacional y límites del decreto
El anuncio fue acompañado por una referencia a la Ley 10 de 1978, vigente en Colombia para regular sus espacios marítimos, cuya regulación de las líneas de base desde la costa continental data de 1984. Sin embargo, las líneas todavía estaban pendientes para el archipiélago desde hacía 48 años. La funcionalidad de las líneas de base, que son puntos de referencia para medir los espacios marítimos, influye directamente en los derechos soberanos del Estado en esas aguas.
Expertos en Derecho Internacional advierten que no es posible que Colombia utilice esas líneas para desconocer la frontera ya establecida por la CIJ en 2012. Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Costa Rica, explicó que “Colombia puede establecer líneas de base rectas siempre y cuando sean conformes a las reglas del derecho internacional del mar y a la sentencia de la CIJ del 2012”. La no ratificación por parte de Colombia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 no impide la aplicación de algunas de sus disposiciones, que forman parte del derecho internacional consuetudinario, en aspectos relevantes para países no signatarios.
Contexto del fallo de 2012 y la delimitación marítima
La sentencia de la CIJ en 2012 reconoció la soberanía colombiana sobre las principales islas y cayos del archipiélago, incluyendo las formaciones insulares de Alburquerque, Bajo Nuevo, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla. Sin embargo, estableció una frontera marítima diferente a la línea del meridiano 82, que Colombia había utilizado como referencia durante décadas. En este fallo, la corte también amplió los derechos de Nicaragua sobre extensas zonas del Mar Caribe, estimadas en entre 72.000 y 75.000 kilómetros cuadrados, mientras que Colombia conservó control sobre las islas, pero perdió derechos en muchas áreas que hasta entonces administraba.
El resultado fue un cambio en los límites marítimos, que provocó un rechazo político en Colombia, incluyendo cuestionamientos del entonces presidente Juan Manuel Santos sobre las implicaciones de la sentencia, especialmente respecto a la extensión de su zona de jurisdicción marítima bajo control colombiano.
Implicaciones y reacciones tras el fallo
Tras la decisión de 2012, Colombia afirmó que sus fronteras solo podían modificarse mediante tratados internacionales. Posteriormente, el 27 de noviembre de ese año, anunció la denuncia del Pacto de Bogotá, un tratado que establecía mecanismos de solución pacífica de controversias, incluyendo la jurisdicción de la CIJ. La denuncia entró en vigor en 2013, pero no anuló la sentencia ni impidió que la CIJ atendiera procedimientos en curso.
En 2022, la CIJ emitió una sentencia que encontró que Colombia había infringido derechos soberanos de Nicaragua, particularmente en actividades pesqueras y en la gestión de su zona económica exclusiva. La corte ordenó a Colombia cesar esas conductas y modificar algunas regulaciones internas que contradecían el derecho internacional. Sin embargo, no anuló la delimitación de 2012 ni modificó el mandato de respetar sus límites.
El conflicto y las controversias siguen vigentes, especialmente respecto a la comunidad raizal del archipiélago, compuesta por una población afrocaribeña con tradiciones y vínculos históricos con la región. La disputa también tiene raíces en antecedentes históricos y jurídicos, incluyendo el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 y las diferentes interpretaciones de los límites coloniales y acuerdos posteriores.
Reacciones y perspectivas oficiales
El ex canciller Julio Londoño expresó que las principales cuestiones jurídicas respecto a las fronteras ya estaban resueltas por la Corte en 2012 y 2022, subrayando que el nuevo decreto aún no ha sido publicado y que sería importante conocer sus detalles para evaluar su impacto. Por su parte, el ex ministro del Interior, Rodrigo Lara, argumentó que Colombia debería trazar las líneas de base considerando el archipiélago en su conjunto, como una unidad territorial, y no en forma separada por formaciones insulares.
Expertos internacionales señalan que las acciones de Colombia deben respetar los límites determinados por la CIJ y que cualquier intento de modificar esas delimitaciones por vías unilaterales puede derivar en nuevos conflictos o acciones legales adicionales. Algunos advierten que, en un contexto de tensión, la posibilidad de un enfrentamiento militar, aunque remota, no debe descartarse completamente.
El gobierno colombiano anunció también que fortalecerá la presencia naval en el Caribe y tomará medidas para proteger a los pescadores del archipiélago. La comunidad internacional y las partes involucradas continúan pendientes del desarrollo de los hechos y de la posible publicación del decreto que definirá las nuevas líneas de base del archipiélago, cuya influencia en los límites marítimos aún está por determinarse.
Contexto diplomático y las futuras opciones
Hasta ahora, Nicaragua no ha reaccionado oficialmente al anuncio colombiano. La postura de Nicaragua ha sido históricamente de exigir el cumplimiento pleno de la sentencia de 2012 y mantener sus derechos sobre el espacio marítimo en disputa. El régimen de Daniel Ortega ha dicho que respetaba la decisión judicial, pero también ha reiterado que Colombia debe acatar plenamente la frontera establecida.
En caso de que Nicaragua considere que Colombia está incumpliendo su sentencia, tiene varias vías diplomáticas y legales, como presentar protestas ante la CIJ, solicitar explicaciones, promover negociaciones bilaterales o, en última instancia, acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas.
El anuncio y el fortalecimiento de la presencia militar en la región aumentan la tensión, aunque expertos consideran que la vía diplomática debe ser la preferida para resolver estos diferendos. La comunidad internacional mantiene una posición de apoyo al cumplimiento de las decisiones judiciales y a la búsqueda de soluciones pacíficas en el marco del derecho internacional.
En síntesis, la decisión de establecer oficialmente las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por parte del gobierno colombiano, en medio de un escenario de tensiones y disputas jurídicas, redefine el estado de las delimitaciones marítimas en la región y genera expectativas sobre cómo podrían afectar los derechos de Nicaragua y la estabilidad diplomática en el Caribe.
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