Impacto de la Ley 1116 en reestructuración tras 20 años

Celebración de 20 años de la Ley 1116 y su impacto en la insolvencia empresarial en Colombia

Este año se cumplen dos décadas de la promulgación de la Ley 1116 de 2006, una normativa que estableció el régimen general de insolvencia y reorganización empresarial en Colombia. Este marco legal surgió como respuesta a las crisis económicas de finales de los años 90 y a las leyes previas 222 de 1995 y 550 de 1999, que buscaban dotar al país de un mecanismo efectivo para manejar situaciones de insolvencia corporativa.

Contexto y desarrollo del marco normativo

La Ley 1116 consolidó en un solo cuerpo normativo los procedimientos de reorganización y liquidación judicial, incluyendo disposiciones sobre insolvencia transfronteriza inspiradas en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Con ello, la ley unificó los trámites jurídicos, facilitando una gestión más eficiente de las crisis empresariales.

Durante sus primeros catorce años de vigencia, la aplicación práctica de la ley enfrentó diversos desafíos. En los primeros años, el proceso de admisión de solicitudes por parte de la autoridad competente podía tardar entre siete y ocho meses, y la negociación y aprobación de los acuerdos podía extenderse cerca de dos años. Además, en esos períodos, las medidas cautelares, como las restricciones sobre cuentas bancarias, permanecían activas durante largos intervalos, limitando la liquidez operativa de las empresas en crisis, según explica Fernando Bustos, presidente fundador de la Organización Impulso Empresarial.

Reformas que agilizaron los procesos

En 2020, la normativa experimentó un impulso con los decretos legislativos 560 y 772, que introdujeron mecanismos que optimizaron los procedimientos y redujeron significativamente los tiempos de respuesta. Posteriormente, estas herramientas fueron integradas en la Ley 2437 de 2024, consolidando un marco más eficiente. Gracias a estos cambios, la admisión de solicitudes ahora puede completarse en aproximadamente una semana, y la confirmación de acuerdos de reorganización se realiza en un período de entre cuatro y seis meses.

En términos estadísticos, los acuerdos de reorganización confirmados aumentaron de 211 en 2020 a 686 en 2021, lo que representa un incremento del 225%. Además, la normativa actual incluye mecanismos de negociación de emergencia, procedimientos abreviados, salvamento de empresas en liquidación inminente, así como la figura de la descarga de pasivos, todo ello con el fin de fortalecer las opciones de recuperación empresarial.

Normas complementarias y tendencias en solicitudes de insolvencia

El marco legal para el crédito y la insolvencia se complementó en 2013 con la Ley 1676, que reguló las garantías mobiliarias. Esta normativa permite respaldar obligaciones crediticias con inventarios, maquinaria, cuentas por cobrar, derechos contractuales y activos futuros, otorgando derechos y preferencias preferentes a los acreedores garantizados durante los procesos de reorganización.

Los registros institucionales evidencian que los pedidos de insolvencia suelen incrementarse tras eventos macroeconómicos adversos. Por ejemplo, después de las fluctuaciones en los precios del petróleo y las tasas cambiarias en 2014 y 2015, las solicitudes crecieron de 814 en 2017 a 1.243 en 2018, un aumento del 53 %. En 2019, la Superintendencia de Sociedades reportó 1.242 solicitudes, con una ligera subida a 1.292 en 2020 y una disminución a 1.193 en 2021. Sin embargo, en los años posteriores, los informes del organismo registraron un repunte, con 1.554 solicitudes en 2023 y 1.699 en 2024, según detalló Fernando Bustos.

Retos y oportunidades en la gestión de insolvencia

El análisis de Bustos señala que, pese a las mejoras en los procedimientos y la incorporación de garantías mobiliarias, uno de los mayores desafíos del sistema sigue siendo la obtención de capital de trabajo durante la fase de reorganización. La reestructuración de pasivos, por sí misma, no siempre provee la liquidez necesaria para compras de inventarios, cumplimiento de contratos o pago de nóminas, lo que limita la recuperación efectiva de las empresas en crisis.

En el ámbito procedimental, las empresas de menor tamaño disponen del Procedimiento de Recuperación Empresarial (PRE), gestionado a través de las cámaras de comercio y con mediación especializada. Esta vía busca facilitar procesos de reestructuración adecuados a las capacidades de esas organizaciones, pero la dificultad en obtener recursos para financiar la operación continúa siendo un obstáculo.