Sicariato menores Uruguay: un fenómeno que alarma a las autoridades
El fenómeno del sicariato cometido por menores en Uruguay se ha convertido en una de las mayores preocupaciones del sistema judicial y de las autoridades de inclusión social. En los últimos meses, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) ha detectado casos de adolescentes que son traídos desde el exterior al país para cometer asesinatos por encargo.
Según Jaime Saavedra, presidente del Inisa, “la presencia del narcotráfico ha influido significativamente en la manera en que los adolescentes se vinculan con la violencia”. Esta afirmación refleja un cambio estructural en la criminalidad juvenil: los jóvenes ya no delinquen solo por necesidad o rebeldía, sino como parte de redes criminales organizadas con alcance internacional.
El impacto del narcotráfico en los adolescentes uruguayos
El narcotráfico ha modificado los patrones de violencia entre los menores de edad. Las autoridades uruguayas reconocen que hoy los adolescentes en conflicto con la ley enfrentan un contexto más complejo, donde la influencia de grupos criminales trasciende las fronteras.
El Inisa advierte que este fenómeno dificulta la rehabilitación. Muchos jóvenes llegan al sistema con vínculos directos con organizaciones delictivas, sin red familiar o afectiva en Uruguay, lo que hace casi imposible aplicar programas de reinserción.
“Hemos detectado menores extranjeros que vienen a Uruguay con el fin de realizar estos crímenes”, afirmó Saavedra en una entrevista con Canal 4.
Estos casos son pocos en número, pero de enorme impacto simbólico: jóvenes brasileños o paraguayos que ingresan de forma irregular al país y son usados como sicarios a sueldo, aprovechando su edad para recibir penas menores.

Menores extranjeros y delitos por encargo
Uno de los hallazgos más alarmantes del Inisa es la presencia de menores extranjeros reclutados por redes criminales para ejecutar asesinatos por encargo. Algunos ingresan a Uruguay de forma irregular, sin documentación completa, y terminan bajo medidas de seguridad extremas.
Estos adolescentes son aislados, con escaso contacto social y un nivel de vigilancia máximo. El propio Saavedra describió esta situación como un “agujero negro institucional”, ya que muchas veces se desconoce su identidad completa o sus antecedentes.
Este fenómeno refleja la expansión del crimen transnacional en el Cono Sur y evidencia que Uruguay ya no es ajeno a la lógica del sicariato, que antes era más frecuente en Colombia o México.
Sicariato y reinserción: un desafío institucional
El sicariato en menores presenta un dilema para las políticas públicas. Por un lado, el Estado debe garantizar el derecho a la rehabilitación; por otro, se enfrenta a jóvenes que llegan con una formación criminal consolidada.
En declaraciones al programa “5 Sentidos” de Canal 5, Saavedra fue claro:
“Un tipo que está sicariado a los 15 años, que viene de Brasil, que no tiene familia, va a salir a los 22 o 23 años. ¿Ese chiquilín va a ser un modelo? No tengo ni idea qué va a ser”.
El Inisa considera que solo una minoría de los adolescentes en conflicto con la ley son de difícil recuperación. El desafío real está en el 90% que aún puede reinsertarse en la sociedad, mediante programas educativos y medidas alternativas a la prisión.
Las drogas y la violencia juvenil
El vínculo entre drogas y violencia juvenil también se ha fortalecido. En los últimos años, se registró un incremento de delitos cometidos por menores en contextos de consumo o distribución de estupefacientes.
Aunque las cifras de homicidios no han aumentado drásticamente, sí han cambiado las modalidades: los crímenes son más planificados, con mayor nivel de violencia y conexión con redes del narcotráfico.
El Inisa impulsa programas de prevención y acompañamiento en sus centros, como Centro Nuevo Rumbo, que trabaja en la promoción de hábitos saludables y el tratamiento de adicciones.
Medidas alternativas y justicia juvenil
El presidente del Inisa apuesta a medidas alternativas a la prisión, como la educación obligatoria, el trabajo comunitario y la rehabilitación supervisada.
“La prisión debe quedar reservada para los casos más complicados”, sostuvo en diálogo con el semanario Búsqueda.
La institución busca que el sistema judicial aplique sanciones sustitutivas, sobre todo para los adolescentes con potencial de reinserción. En cambio, para los casos de sicariato, se exige un tratamiento más riguroso que combine vigilancia, contención psicológica y cooperación internacional.

Uruguay ante un fenómeno regional
El sicariato de menores en Uruguay no es un hecho aislado. En países como Brasil, Paraguay y Colombia, las bandas criminales reclutan jóvenes por su vulnerabilidad y por los beneficios penales que obtienen si son detenidos.
La aparición de estos casos en Uruguay marca un punto de inflexión en la seguridad pública. El país, tradicionalmente percibido como uno de los más estables de la región, ahora enfrenta una criminalidad más profesionalizada y transfronteriza.
La cooperación internacional será clave para contener este fenómeno. El intercambio de información entre consulados, policías y organismos judiciales permitirá identificar redes de trata y reclutamiento de menores sicarios.
El sicariato en menores de Uruguay plantea una amenaza compleja que va más allá del delito juvenil. Expone una red de narcotráfico regional que utiliza la vulnerabilidad de adolescentes sin vínculos familiares para ejecutar crímenes violentos.
La respuesta institucional deberá equilibrar seguridad, justicia y rehabilitación, en un contexto donde las organizaciones criminales operan con recursos y estrategias propias de estructuras internacionales.













