Una feroz disputa interna entre células del crimen organizado pertenecientes a la facción de «Los Chapitos» fue el detonante de la sangrienta riña registrada en el Centro Penitenciario de «El Castillo», en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. El enfrentamiento armado, ocurrido dentro del recinto penal, dejó un saldo trágico de 12 personas fallecidas y al menos 16 heridos de diversa gravedad.
La confirmación oficial de los hechos estuvo a cargo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, durante la habitual conferencia de prensa matutina de este martes. El jerarca brindó detalles precisos sobre la cadena de eventos que desencadenó el tiroteo en el interior del establecimiento carcelario, subrayando la violencia con la que operan estos grupos criminales.
La liberación de un jefe de pabellón y el vacío de poder armado
Según lo detallado por García Harfuch, el origen del conflicto se remonta a la reciente excarcelación de un peligroso cabecilla de Los Chapitos que ejercía el control hegemónico y el liderazgo disciplinario sobre los pabellones de El Castillo. Al quedar vacante esa jefatura informal, dos pandillas internas alineadas al mismo bando iniciaron una disputa violenta para apoderarse del mando del penal.
“Una persona que tenía un liderazgo importante dentro del centro penitenciario, del mismo grupo criminal de la facción de Los Chapitos, fue liberado. Y al quedarse estas pandillas del mismo grupo, del mismo bando, tuvieron una riña con armas de fuego que fue una escalada, y fue lo que provocó la riña”, explicó textualmente el titular de la SSPC mexicana.
La escalada verbal derivó en un enfrentamiento a tiros con armas de fuego introducidas de forma ilegal al penal, lo que evidencia las fallas en los controles de seguridad y la complicidad en el tráfico de pertrechos hacia el interior del sistema penitenciario regional.
Traslados de emergencia y custodia de las fuerzas federales
Frente a la gravedad de los acontecimientos, el Gobierno federal tomó la determinación de intervenir de manera directa en la administración y resguardo del penal de Mazatlán. Efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal desplegaron un operativo relámpago para asegurar el perímetro y requisar las celdas.
Como medida preventiva para evitar nuevos brotes de violencia o represalias, las autoridades comenzaron con el traslado masivo y programado de reos pertenecientes a las facciones en pugna hacia penales de máxima seguridad en otros estados de la República. El objetivo principal de los traslados es desarticular las redes de mando que Los Chapitos mantienen tras las rejas.
La crisis penitenciaria como reflejo de la violencia del narcotráfico
Las cárceles en varios estados de México han funcionado históricamente como centros de operaciones y bases de reclutamiento para las principales organizaciones del narcotráfico. Las disputas entre facciones rivales o las purgas internas dentro del propio Cártel de Sinaloa se trasladan con frecuencia al interior de las prisiones, donde la superpoblación y la corrupción facilitan el autogobierno de los reclusos.
Esta masacre vuelve a poner bajo la lupa la efectividad de las reformas penitenciarias en América Latina y la urgencia de fortalecer la inteligencia en los penales para evitar que los capos narco continúen dirigiendo las estructuras delictivas y desatando matanzas desde el encierro.
Operativos en curso para frenar la violencia en Sinaloa
García Harfuch enfatizó que el Gobierno federal mantendrá el resguardo militarizado del penal de Mazatlán mientras se completa la identificación de todos los internos que participaron de forma directa en los homicidios.
La Fiscalía General del Estado abrió las carpetas de investigación correspondientes para deslindar responsabilidades penales y administrativas, alcanzando tanto a los reos ejecutores como al personal penitenciario que pudiera haber facilitado el ingreso del armamento al recinto.
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