La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este lunes a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea un pacto para evitar que los países introduzcan requisitos y trámites «innecesarios» al incorporar las normas comunitarias a sus legislaciones nacionales. La propuesta también busca revisar las obligaciones adicionales existentes, con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de que termine el año.
Pacto contra la sobrerregulación
«Una norma acordada a escala europea no puede volverse más compleja cuando se transpone o aplica a escala nacional», ha afirmado la jefa del Ejecutivo comunitario en una carta dirigida a los líderes de los Veintisiete. En ella, plantea un ‘Pacto contra la sobrerregulación’ para impedir que las exigencias añadidas por los gobiernos compliquen la implementación de la legislación europea y generen diferencias entre países.
La iniciativa se enfoca en la práctica conocida como ‘gold-plating’, que consiste en introducir obligaciones nacionales que van más allá de lo exigido por la UE, como requisitos más estrictos, nuevos procedimientos administrativos o la ampliación de las actividades sujetas a una norma determinada.
Compromiso de los Estados miembro
Para limitar esta práctica, Von der Leyen propone que los Estados miembro se comprometan a identificar y justificar públicamente cualquier exigencia adicional que introduzcan. También deberán explicar qué consecuencias tendría para las empresas y el funcionamiento del mercado único.
«Cuando un Estado miembro decida ir más allá de lo que exige la legislación de la Unión, esa decisión debe ser claramente visible para todos», ha manifestado la presidenta de la Comisión. Propone que cada país establezca políticas nacionales «eficaces contra la sobrerregulación», desde evaluaciones de los riesgos de introducir requisitos adicionales hasta la necesidad de una aprobación política expresa.
Revisión y eliminación de cargas administrativas
Además de evitar nuevas cargas administrativas, Von der Leyen sugiere actuar sobre las que ya están en vigor mediante un mecanismo de «revisar y eliminar». Con este método, la Comisión y los gobiernos identificarían los ámbitos en los que las normas nacionales imponen «cargas importantes» a las compañías o dificultan su actividad en otros países de la UE.
«Mediremos el éxito por la burocracia que eliminemos y por el tiempo y el dinero que ahorren las empresas», ha declarado la conservadora alemana. Propone incorporar este seguimiento al Semestre Europeo, el procedimiento anual con el que Bruselas evalúa las políticas económicas de los Estados miembro y formula recomendaciones específicas para cada país.
Un acuerdo en el horizonte
Von der Leyen ha subrayado que la legislación europea debe aplicarse «de la misma manera, en todas partes y desde el principio». Además, ha advertido que Bruselas actuará «con firmeza» cuando los requisitos nacionales vulneren el Derecho de la UE, incluyendo la posibilidad de iniciar procedimientos de infracción.
La iniciativa se suma a las medidas de simplificación legislativa presentadas por la Comisión, que incluyen doce paquetes ómnibus y otras propuestas con las que el Ejecutivo comunitario estima que podrían ahorrarse 22.300 millones de euros anuales en trámites administrativos.
En su carta, la presidenta de la Comisión sugiere comenzar los trabajos sobre el pacto en la cumbre del Consejo Europeo de este jueves y viernes, 15 y 16 de octubre, y establecer como meta la firma de una declaración conjunta entre los Estados miembro y las instituciones comunitarias antes de que termine 2026.
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