Fiscalía imputará a funcionaria por millonaria estafa al Fosvoc
La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er Turno pedirá la imputación de Stella Rey, funcionaria del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), en el marco de una investigación por estafa al Fosvoc que involucra transferencias irregulares por más de 35 millones de pesos y 17.500 dólares.
La audiencia está prevista para el próximo martes por la tarde, informaron fuentes judiciales a Uruguay al Día. La fiscalía, integrada por Gilberto Rodríguez y Gabriela Gómez, propondrá un acuerdo abreviado que podría definirse durante esa misma instancia, si la acusada acepta los cargos.
Transferencias irregulares y desvío de fondos
Según la investigación, Rey, encargada del pago de salarios, realizó 193 transferencias fuera de sus atribuciones, aprovechando su acceso a la cuenta institucional del eBrou. Estas operaciones totalizaron más de 35 millones de pesos y 17.500 dólares.
En su declaración, la funcionaria señaló que actuó por pedido de Bruno Bertolio, ya condenado por el caso. Sin embargo, este negó las acusaciones y apuntó a Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sunca y militante del Partido Comunista Uruguayo (PCU).
Durante la audiencia anterior, la fiscal Gómez expresó que las declaraciones de los imputados coincidían en señalar la existencia de un “sistema de financiamiento paralelo” vinculado al Sunca y al PCU.
Reacciones del Partido Comunista
El Partido Comunista Uruguayo rechazó cualquier relación con la estafa al Fosvoc mediante un comunicado emitido en junio:
“Negamos de forma contundente haber recibido dinero alguno del Fosvoc”, afirmó la organización, respaldando a Alberti, así como a los legisladores comunistas Óscar Andrade y Daniel Diverio.
Ambos dirigentes se pusieron a disposición de la Fiscalía, que confirmó que por el momento no son investigados.
Andrade y Diverio niegan implicaciones
El senador Óscar Andrade aseguró que “ni un peso de los desvíos fue al Sunca o al PCU”. Añadió que el sindicato había reclamado auditorías desde hace más de una década y calificó de “barbaridad” las menciones a Diverio.
Asimismo, el legislador destacó que cualquier movimiento de dinero debía ser aprobado por la directiva del Fosvoc y cuestionó la credibilidad de los imputados:
“Los que están presos dicen que había un acuerdo entre cámaras empresariales y el sindicato para financiar campañas políticas. Es una barbaridad y deberán demostrarlo.”
La auditoría interna de Fosvoc entregó documentación a Fiscalía para revisar giros realizados desde 2018.
Nueva pericia caligráfica
En julio, Daniel Diverio denunció la falsificación de su firma en documentos irregulares, entre ellos una carta que solicitaba ayuda económica para un trabajador inexistente. Una pericia privada determinó que la firma no coincidía con la suya, y Policía Científica realizará un nuevo análisis oficial.
Un caso que golpea al sistema sindical
La estafa al Fosvoc ha dejado al descubierto falencias en los mecanismos de control financiero del fondo, creado para beneficiar a trabajadores de la construcción. Con tres condenados y una funcionaria próxima a ser imputada, el caso sigue revelando una trama de desvíos, responsabilidades cruzadas y tensiones políticas que impactan en la imagen del sindicalismo uruguayo.
Implicancias políticas y sindicales
La estafa al Fosvoc no solo involucra la presunta responsabilidad de funcionarios administrativos, sino que también plantea interrogantes sobre los mecanismos de control dentro de las organizaciones sindicales y fondos sociales. Expertos en derecho laboral consultados por Uruguay al Día sostienen que el caso podría derivar en una revisión profunda de los procesos financieros que administran recursos provenientes de aportes de trabajadores y empresas constructoras.
Según fuentes cercanas a la investigación, la Fiscalía evalúa nuevas líneas de indagación para determinar si existieron omisiones en la supervisión contable o encubrimientos posteriores. En ese marco, el fiscal Rodríguez no descarta solicitar medidas adicionales para asegurar la transparencia del proceso, incluyendo peritajes financieros ampliados y declaraciones de otros empleados del fondo.
A nivel político, el caso generó repercusiones dentro del movimiento sindical uruguayo. Mientras algunos sectores reclaman una auditoría independiente que abarque los últimos diez años de gestión del Fosvoc, otros insisten en la necesidad de preservar la institucionalidad del fondo y no generalizar responsabilidades.
La situación también reavivó el debate sobre la relación entre sindicatos y partidos políticos, una discusión histórica en Uruguay. Analistas señalan que la estafa al Fosvoc podría tener un efecto duradero en la percepción pública sobre la gestión de los fondos de origen laboral, especialmente si se comprueba que parte de los recursos fueron utilizados con fines políticos.
Próximos pasos judiciales
La audiencia prevista para el martes será clave para definir el futuro judicial de Stella Rey. Si acepta el acuerdo abreviado propuesto por la Fiscalía, podría recibir una condena reducida a cambio de su confesión y colaboración. Sin embargo, si rechaza el acuerdo, la causa continuará hacia un juicio oral, donde podrían surgir nuevos detalles sobre el funcionamiento interno del Fosvoc y la responsabilidad de los involucrados.
El Ministerio Público confirmó que continuará profundizando la investigación para esclarecer el destino de los fondos desviados y garantizar la restitución de los recursos afectados. “Nuestro compromiso es que este tipo de maniobras no queden impunes”, indicó una fuente del equipo fiscal.
Con este nuevo paso, la estafa al Fosvoc sigue siendo uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años en el ámbito sindical uruguayo, con ramificaciones políticas, administrativas y éticas que podrían extenderse mucho más allá del proceso penal inmediato.
