El Directorio del Partido Nacional tomó una decisión contundente este lunes al resolver la suspensión de todos los derechos y obligaciones partidarias del edil montevideano Gonzalo Gómez por un período de dos años. La resolución de la conducción blanca adopta de forma íntegra la recomendación emitida por la Comisión de Ética de la colectividad política, tras constatarse que el curul contrató con recursos públicos a un asesor que no desempeñó las funciones correspondientes a su cargo dentro de la corporación departamental.
Como consecuencia directa del fallo ético, Gómez deberá apartarse de forma inmediata de su banca en la Junta Departamental de Montevideo durante el tiempo que se extienda la sanción. Asimismo, quedó desafectado de los órganos de dirección de la Juventud nacionalista a los que pertenecía. En paralelo al reproche político, el dirigente asumió el compromiso formal de restituir a las arcas de la Junta Departamental la totalidad del dinero erogado para el pago de los salarios de la persona contratada que no prestó servicios.
Mediante un comunicado institucional, el Partido Nacional remarcó que esta medida busca reafirmar «su compromiso con los principios de responsabilidad, transparencia y correcta administración de los recursos públicos», fijando un precedente claro en materia de cumplimiento normativo y conducta ética para todos sus representantes parlamentarios y departamentales.
Criterio ético y la posición de Álvaro Delgado
En conferencia de prensa posterior a la reunión de la directiva, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, fundamentó la determinación adoptada frente a lo que calificó como una falta ética grave vinculada al manejo de los contratos de asesoría en el ámbito público. Delgado detalló que Gómez fue desvinculado formalmente del partido y ratificó la exigencia de que no continúe al frente de su banca capitalina mientras dure el dictamen de dos años.
Respecto al perjuicio económico causado a las finanzas departamentales, el titular del Directorio reconoció la predisposición mostrada por Gómez para reparar el daño patrimonial al haber informado de forma previa su intención de devolver los montos cobrados indebidamente. No obstante, Delgado aclaró que la cifra exacta aún se encuentra bajo revisión contable para precisar el monto total a reintegrar, el cual dependerá de la fecha exacta de inicio del vínculo contractual y las retribuciones mensuales liquidadas.
Cruces políticos e impacto en el debate nacional
La resolución partidaria se dio en un contexto de creciente debate público sobre la transparencia y la conducta de los representantes de la ciudadanía en las instituciones del Estado. Durante la misma comparecencia, Delgado fue consultado sobre los planteos vertidos por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien en las últimas horas apeló a la convocatoria de los líderes partidarios para debatir la financiación y el control de las colectividades políticas.
Sobre estos dichos, el dirigente blanco sostuvo una postura crítica y calificó como «inaceptables» las declaraciones del titular del Frente Amplio, al considerar que se trató de un emplazamiento directo a la fuerza oficialista. Delgado contrapuso el accionar interno del Partido Nacional con el actuar de la oposición, señalando la celeridad con la que la Comisión de Ética abordó el caso de Gómez. A su entender, se aplicó una vara estricta ante un hecho que, si bien no reviste carácter ilícito, resulta inaceptable desde una óptica de responsabilidad ética en la función pública.
El dirigente nacionalista emplazó a la oposición a revisar sus propios antecedentes internos, haciendo alusión a la permanencia de dirigentes con procesos judiciales en el Poder Legislativo sin haber recibido sanciones disciplinarias en el ámbito partidario. En ese sentido, resaltó la vigencia del nuevo marco normativo para la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos —aprobada por unanimidad en el Parlamento en junio de 2024 y operativa para el presente ciclo electoral—, la cual otorgó competencias de fiscalización y contralor tanto a la Corte Electoral como al Tribunal de Cuentas para garantizar el origen y destino de los fondos en la política uruguaya.
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