En la noche del viernes, la Adres detectó posibles irregularidades en 557 reclamaciones que superan los $20.000 millones, vinculadas a indemnizaciones por muerte y gastos funerarios presentadas como consecuencia de actos terroristas. La revisión se llevó a cabo en distintas regiones del país y forma parte de una investigación activa.
El 86 % de los casos analizados mostró inconsistencias en la acreditación de los hechos terroristas que justifican las solicitudes de reconocimiento económico. A pesar de que no se determinó que todas las reclamaciones sean fraudulentas, la entidad identificó presuntas irregularidades que requieren verificación formal.
Ante estos hallazgos, la Adres decidió suspender el trámite de las solicitudes mientras se profundizan las investigaciones. La información fue comunicada a la Fiscalía mediante una noticia criminal, como parte de su obligación de transparencia y control.
Iván Sánchez Arango, director General de la Adres, confirmó que se mantienen las investigaciones internas para establecer qué ocurrió y si existen responsabilidades. La entidad también comprometió a entregar toda la documentación necesaria para que la Fiscalía avance en su análisis.
La normativa vigente permite reconocer indemnizaciones por muerte y gastos funerarios cuando el fallecimiento está ligado a actos terroristas, pero requiere cumplir con criterios de acreditación claros. En este caso, las solicitudes no cumplieron adecuadamente esos requisitos.
Se detectan presuntas irregularidades en reclamaciones por muerte vinculadas a actos terroristas
No se especificó cuántas personas presentaron las 557 reclamaciones ni cómo están distribuidas geográficamente. Tampoco se detalló si las indemnizaciones corresponden a muerte o a gastos funerarios.
Los Recursos afectados quedaron bajo revisión y sin trámite definitivo mientras se analizan los hechos. La Adres reiteró que la medida tiene como objetivo proteger los fondos públicos del Sistema de Salud y evitar pagos no sustentados.
El caso forma parte de una serie de revisiones internas que la nueva administración ha impulsado en distintos procesos de pago del Sistema sanitario. El objetivo es fortalecer la trazabilidad, la transparencia y el control sobre los Recursos públicos.
Hasta que se concluyan las investigaciones, los más de $20.000 millones involucrados permanecen en estado de revisión y no se realizarán pagos definitivos.
En la noche del viernes, Adres afirmó que seguirá colaborando con las autoridades judiciales y mantendrá verificaciones internas para identificar posibles irregularidades, los responsables y los mecanismos usados en las presentaciones de las solicitudes.





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