En la noche del viernes, el Gobierno de República Dominicana anunció el cierre de SU Embajada en Nicaragua mientras se mantienen las denuncias sobre la falta de libertades y la concentración creciente del poder en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El ministro de Exteriores dominicano, Víctor Bisonó, declaró que el país no reabrirá SU legación en Managua hasta que se restablezcan las condiciones que permitan el ejercicio de libertades democráticas.
Durante una reunión de ministros de Exteriores de la OEA en Washington, Bisonó justificó la medida afirmando que desde Santo Domingo no quieren que en el futuro se diga que no se actuó con suficiencia ante las circunstancias.
El funcionario recordó que muchos países de la región han vivido momentos de dictadura y autoritarismo, y subrayó la necesidad de fortalecer el compromiso conjunto para proteger las libertades, la institucionalidad democrática y los derechos populares en América.
Bisonó explica cierre de Embajada ante avances autoritarios en Nicaragua
La decisión se produce tras el cierre por parte del gobierno nicaragüense de SU Embajada en Santo Domingo, anunciado a principios de septiembre, tras semanas de tensión entre ambos países.
República Dominicana había exigido ya antes la retirada de la suspensión de elecciones impuesta por Ortega, quien en julio afirmó que no habrá nuevas elecciones en Nicaragua y acusó a la oposición de querer enriquecerse con el sector público, además de promover leyes para consolidar SU permanencia en el poder.
Los países de la OEA, reunidos en Washington, emitieron una resolución este mismo viernes expresando SU 'profunda preocupación' por el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua.
La declaración incluye denuncias sobre represión sistemática, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, casos frecuentes de tortura, retirada de nacionalidad, exilio forzoso y otros abusos por parte del Estado.
Los representantes de la OEA instaron a Managua a adoptar 'medidas inmediatas, concretas y verificables' para revertir la situación, garantizar el espacio cívico, poner fin a las represalias, liberar a 'todos' los presos políticos, restablecer libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, asegurar la separación de poderes y crear condiciones para elecciones 'libres, justas e inclusivas'.






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