El apoyo al sistema democrático en Uruguay registró un descenso de seis puntos porcentuales respecto a la medición anterior, ubicándose en el 64%, según revela el informe 2026 elaborado por la corporación Latinobarómetro. Pese a este retroceso —en 2024 la cifra alcanzaba el 70%—, el país se posiciona en el segundo lugar del continente en cuanto a preferencia por este sistema de gobierno frente a cualquier alternativa autoritaria.
El estudio, titulado ¿La crisis de la democracia liberal?, se sustentó en un universo de 19.207 entrevistas presenciales realizadas en 17 países del continente entre el 7 de mayo y el 17 de junio. En sus conclusiones, los autores destacan el carácter distintivo del marco institucional uruguayo en el contexto sudamericano, señalando que dentro de América Latina ninguna democracia se encuentra plenamente consolidada, con la eventual excepción de Uruguay.
La alternancia política y la percepción sobre la gestión estatal
El documento de Latinobarómetro relaciona la variación observada en los indicadores locales con el reciente proceso de alternancia en el Poder Ejecutivo. Tras analizar las siete transiciones de gobierno registradas en la región desde 2024, el estudio concluye que mientras en naciones como Colombia, Perú, Chile y Honduras los recambios mantuvieron o incrementaron la adhesión al sistema, en Uruguay la alternancia hacia la izquierda generó una respuesta ciudadana caracterizada por menores niveles de expectativa o entusiasmo respecto a la resolución de las problemáticas cotidianas.
Asimismo, la investigación expone una acentuada retracción en la valoración que la población realiza sobre el impacto del Estado en la vida diaria. Mientras que en 2011 el 51% de los uruguayos afirmaba que el Estado había hecho «mucho o algo» por su familia en los tres años previos, en 2026 dicha proporción se redujo al 31%, lo que representa un descenso de 20 puntos porcentuales. En contraposición, los servicios públicos locales mantienen evaluaciones relativamente favorables dentro del marco regional: un 45% de la ciudadanía expresa satisfacción con la Policía y un 44% con la atención en los hospitales públicos. Por otro lado, un 75% manifiesta desconfianza en el destino final de los impuestos recaudados, cifra que se mantiene por debajo del promedio continental del 78%.
Fortalezas del sistema de partidos y posturas ideológicas
En el apartado sobre institucionalidad, el informe resalta la estabilidad del sistema partidario uruguayo. Al ser consultados sobre la preferencia electoral ante eventuales comicios parlamentarios, la ciudadanía menciona consistentemente un menú de 10 partidos políticos en cada medición, rasgo que el análisis interpreta como un indicador de solidez estructural frente a la volatilidad imperante en otros países.
En materia de valores institucionales, el 80% de los encuestados coincide en que la democracia es el mejor sistema de gobierno posible a pesar de sus falencias, superando el promedio regional del 65%. Asimismo, un 13% manifiesta que este sistema puede operar prescindiendo de comicios y un porcentaje idéntico admite fórmulas autoritarias bajo circunstancias específicas. No obstante, un 45% afirma desinterés respecto al carácter democrático de un gobierno si este logra resolver las problemáticas de la sociedad, al tiempo que un 67% evalúa de manera favorable la aplicación de políticas gubernamentales de mano dura.
Evaluaciones de seguridad y posicionamiento internacional
Respecto al panorama internacional, el informe señala que Uruguay registra el mayor nivel de pesimismo regional sobre el rumbo global, con solo un 18% que opina que el mundo se dirige en la dirección correcta, mientras que un 27% evalúa de forma positiva la trayectoria del propio país. En cuanto a las relaciones exteriores, el país presenta un 43% de opinión favorable hacia los Estados Unidos y un 18% de aprobación respecto a la conducción internacional del presidente Donald Trump, a quien los encuestados asignan una calificación promedio de 3,4 puntos en una escala del 0 al 10. En materia migratoria, la sociedad muestra una leve inclinación favorable hacia la deportación de personas en situación irregular, alcanzando un valor promedio de 5,1 sobre 10.
Finalmente, en el área de seguridad pública, un 32% de los encuestados declara haber sido víctima de un delito en los 12 meses previos, ubicando al país entre los registros más altos de la región junto con Perú y por detrás de Ecuador (37%). Respecto al crimen organizado y el narcotráfico, un 50% de la población considera que el Estado está perdiendo la batalla contra estas actividades ilícitas, un 34% evalúa que se trata de un conflicto imposible de ganar y un 9% sostiene que el país se encamina hacia la victoria en dicha materia.
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