La estantería política del Partido Nacional volvió a tambalear con fuerza tras las esquirlas judiciales provocadas por la denominada Operación Trazador. El impacto en la interna blanca fue tan inmediato como severo: el expresidente Luis Lacalle Pou debió intervenir de urgencia mediante una llamada telefónica para exigirle explicaciones de primera mano al dirigente Jorge Gandini, actual representante de la oposición en el directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP), tras quedar salpicado junto a su esposa por maniobras de lavado de activos vinculadas al narcotráfico.
La conversación entre el exmandatario y el dirigente nacionalista se produjo en la noche del lunes 21 de setiembre de 2026. Lacalle Pou, alarmado por el alcance institucional y político del asunto, confrontó a Gandini sobre su aparición en las carpetas investigativas de una causa que involucra incautaciones de droga, grandes sumas de dinero en efectivo y una red de lavado de dinero. Tras escuchar la versión del actual director de la ANP, la postura de Lacalle Pou fue contundente: le ordenó salir a dar explicaciones públicas de manera inmediata para frenar el desgaste de la divisa blanca.
El negocio familiar en el centro de las sospechas
Acorralado por las repercusiones, Gandini debió convocar a una apresurada conferencia de prensa. Allí intentó despegarse de la trama asegurando no conocer personalmente a Pablo Leiva, uno de los delincuentes ya condenados por lavado de activos dentro del procedimiento policial. Sin embargo, en el mismo acto donde buscaba limpiar su nombre, el dirigente reconoció un dato fulminante: Leiva operaba y realizaba movimientos de dinero dentro de una casa de cobranzas cuya titularidad pertenece formalmente a él y a su propia esposa.
El entramado de la Operación Trazador expone una vez más la peligrosa permeabilidad entre las estructuras del crimen organizado y la dirigencia política local. En los allanamientos que permitieron desarticular la banda, las fuerzas de seguridad no solo decomisaron estupefacientes y miles de dólares, sino que además se constató que una de las fincas incautadas pertenecía a un condenado que se desempeñaba como funcionario en la secretaría del edil oficialista Gonzalo Gómez, integrante de la Coalición Republicana.
Un espejo preocupante para la región
El trasfondo del caso Trazador no es un hecho aislado, sino la ratificación de una advertencia que diversos analistas en América Latina vienen señalando con insistencia: la penetración silenciosa del narcotráfico en la economía legal a través de comercios de cercanía, locales de servicios financieros y redes de cobranza. En países vecinos como Argentina, Paraguay y Brasil, el uso de locales comerciales con alto flujo de efectivo como pantalla para blanquear ganancias ilícitas es un patrón harto conocido que hoy salpica directamente a figuras del sistema político uruguayo.
Asimismo, la presencia de un dirigente salpicado por este escándalo dentro del directorio de la Administración Nacional de Puertos no hace más que reavivar la lupa sobre la seguridad en la principal terminal marítima del país. El puerto de Montevideo ha estado bajo la mirada internacional en los últimos años por los reiterados envíos de cocaína hacia Europa, lo que convierte a cualquier vínculo indirecto entre las autoridades portuarias y las redes de lavado en un asunto de máxima gravedad institucional.
La estrategia del control de daños y la falta de respuestas
Las explicaciones ensayadas por Gandini dejaron más dudas que certezas en el ámbito político e institucional. Argumentar el desconocimiento de las maniobras financieras que se concretaban en un local de su propiedad familiar resulta un argumento demasiado frágil frente a la rigurosidad de las leyes contra el lavado de activos, las cuales exigen controles estrictos sobre el origen y la trazabilidad de los fondos que circulan por los locales de pagos.
Las voces de la fiscalía y los expertos en prevención de lavado de dinero coinciden en que las casas de cobranzas representan una de las zonas de mayor riesgo dentro del sistema financiero nacional. La falta de auditorías internas rigurosas en comercios vinculados a figuras públicas deja al descubierto brechas de control inadmisibles, especialmente cuando los involucrados ocupan cargos de alta responsabilidad en el Estado.
Proyección futura
La llamada de Lacalle Pou a Gandini marca el inicio de una contención de daños que dista mucho de estar cerrada. A medida que la Justicia avance con el análisis de las operaciones contables y las escuchas telefónicas de la Operación Trazador, la presión sobre el directorio de la ANP y sobre la bancada del Partido Nacional continuará en aumento.
El caso reabre el debate parlamentario sobre la urgencia de endurecer los controles sobre la financiación de la política y las actividades comerciales privadas de los gobernantes. En un clima de creciente exigencia ética por parte de la sociedad, la dirigencia política uruguaya se enfrenta al desafío de demostrar con hechos que el Estado no será permeable a los intereses ni a los tentáculos del narcotráfico.
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