En los estados del norte de México, pequeños comerciantes están siendo presionados para vender cigarros que no son parte del mercado legal. Personas que se presentan como agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) llegan a tiendas y les obligan a comercializar marcas específicas, muchas de las cuales tienen orígenes en contrabando, falsificación o distribución irregular. Este esquema se ha intensificado en los últimos meses y ha sido denunciado por diversos sectores del comercio local.
Desde enero de 2025, la organización ConComercioPequeño alertó sobre casos registrados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En esos lugares, los tenderos reciben mercancía directamente y son instruidos a venderla sin su consentimiento. Algunos incluso son obligados a retirar productos legales del mostrador, mientras que las marcas que se les imponen ocupan el espacio de los productos oficiales.
Marcas reconocidas como parte del mercado formal, como Marlboro, Pall Mall y Link, pierden su presencia en tiendas debido a esta presión. La mercancía impuesta no siempre es auténtica: se han encontrado cajetillas que reproducen nombres y logotipos de marcas legítimas, pero que nunca fueron fabricadas ni distribuidas por las empresas originales. El hecho de que un producto lleve el nombre de una marca no significa que sea verdadero.
Entre agosto y septiembre de 2026, autoridades federales realizaron decomisos en aeropuertos y aduanas de millones de cigarros irregulares o apócrifos. Algunos productos estaban ocultos en cargamentos declarados como mercancía distinta. Los hallazgos indican que las redes involucradas tienen capacidad para mover decenas de miles de unidades y distribuirlas por todo el país.
Los comerciantes enfrentan una doble amenaza: pueden ser obligados a vender productos que no solicitaron, y además, si una autoridad detecta cigarrillos ilegales en su establecimiento, podrían ser sancionados. Un video circula mostrando a personas que se identifican como agentes de la FGR que llegan a una tienda, revisan las cajetillas, retiran ciertos productos y exhiben una lista de marcas que dicen estar autorizadas para venderse.
Redes que se disfrazan de autoridades imponen marcas falsas a pequeños comercios
En el video, los presuntos agentes advierten al tendero que si en una segunda visita encuentran los cigarros que consideran ilegales, podría enfrentar una multa superior a 200 mil pesos, la clausura del negocio, el decomiso de la mercancía y su puesta a disposición de las autoridades. Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente que quienes aparecen en el video sean funcionarios reales ni que el procedimiento haya sido ordenado por la FGR.
En la grabación se escuchan marcas como Económicos, Studio 54 y Río, entre otras. Algunas han sido asociadas con Sijara International Manufacturing, empresa que ha sido citada en investigaciones anteriores por presuntas irregularidades en la distribución de productos de tabaco.
Grupos que se presentan como autoridades mexicanas obligan a tenderos a vender cigarros ilegales. Organizaciones del sector comercial piden que se investigue toda la cadena, no solo las tiendas.
Se exige identificar quién importa, almacena y distribuye los productos, quién controla zonas territoriales y quién amenaza a los comerciantes para forzarles a vender.
El riesgo también afecta al consumidor. Los cigarros ilegales se venden a precios muy bajos, pero su origen, proceso de fabricación y cumplimiento de normas sanitarias no están verificados.
En este contexto, pequeños comerciantes quedan atrapados. Ya no pueden elegir qué productos colocar detrás del mostrador: la presión los obliga a vender lo que se les exige.
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