Un agente de la DEA infiltrado como narcotraficante logró golpear el corazón de la organización criminal encabezada por el uruguayo Sebastián Marset. La maniobra, revelada en documentos presentados por la fiscalía de Virginia ante el Tribunal Federal de Estados Unidos, permitió a la justicia norteamericana acceder a un libro contable clave que detalla transacciones ilícitas, maniobras de lavado de dinero y la estructura operativa que salpica a varios países de la región.
El hallazgo no solo aporta evidencia inédita sobre los movimientos financieros del grupo, sino que otorga formalmente competencia a los tribunales estadounidenses para juzgar al capo charrúa por delitos de narcoterrorismo y lavado de activos. Tras el impacto de la revelación, los abogados defensores de Marset reaccionaron pidiendo suspender de forma urgente la audiencia fijada para el 23 de septiembre, argumentando que necesitan tiempo para procesar el volumen de pruebas presentadas.
La infiltración comenzó a tejerse a mediados de mayo de 2021. El agente encubierto de la agencia antidrogas estadounidense logró ganarse la confianza de un colaborador directo de la red criminal, quien operaba bajo las órdenes de Federico Santoro Vasallo, señalado por los investigadores como el principal engranaje financiero y socio de Marset.
Acorralado por la congelación de sus cuentas bancarias, el colaborador acudió desesperado al falso capo narco en busca de protección y mediación. Según consta en el expediente, el hombre debía una suma abultada por cargamentos de droga y enfrentaba amenazas directas hacia él y su familia por parte de Santoro y del propio Marset debido a los retrasos en los pagos. En un intento por demostrar que sus problemas financieros eran reales y no una jugada para quedarse con el dinero, le entregó voluntariamente al oficial encubierto un cuaderno contable detallado con el registro de las operaciones ilegales.
El alcance de las revelaciones resuena con fuerza en toda América Latina. Sebastián Marset, quien se convirtió en uno de los prófugos más buscados de la región tras eludir múltiples operativos en Bolivia, Paraguay y Brasil, vuelve a quedar bajo la lupa de las agencias internacionales por la capilaridad de sus operaciones financieras. La causa abierta en el estado de Virginia demuestra que las redes del narcotráfico transnacional cruzan fronteras con facilidad utilizando la logística del Cono Sur. Sin embargo, la intervención de la DEA y la interceptación de comunicaciones telefónicas dentro del territorio estadounidense terminaron por cerrar el cerco legal sobre la organización, abriendo la puerta a futuras extradiciones y congelamientos de activos en varios países de Sudamérica.
Los documentos de la acusación presentados ante el tribunal estadounidense destacan la solidez de la prueba recolectada mediante el operativo encubierto. Según el planteo fiscal, las llamadas, mensajes de texto y registros de contabilidad entregados por el propio entorno del clan constituyen un elemento irrefutable para sostener los cargos de conspiración para el lavado de dinero. Por su parte, el equipo legal de Marset busca ganar terreno ante el avance judicial. Los abogados defensores presentaron un escrito urgente solicitando la postergación de la instancia fijada para finales de septiembre, alegando que el volumen de la documentación presentada requiere semanas de análisis exhaustivo. El juez de la causa deberá definir en los próximos días si concede la prórroga solicitada o si mantiene firme el inicio del juicio oral programado para los primeros días de enero.
El avance del proceso en la justicia norteamericana marca un punto de inflexión en la persecución contra el clan Marset. La validación de las pruebas aportadas por el agente encubierto fortalece los pedidos de captura internacional y debilita la red de encubrimiento financiero que permitió a la organización moverse durante años con relativa impunidad. A la espera de la resolución judicial sobre el calendario de audiencias, las autoridades antidrogas de la región siguen de cerca cada movimiento del tribunal de Virginia. La eventual condena de sus principales operadores financieros promete desmantelar las rutas del dinero ilícito y sentar un precedente decisivo en la lucha contra el crimen organizado en el Cono Sur.
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