En la noche del viernes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cerró dos investigaciones en Azcapotzalco que podrían constituir despojo agravado. Las autoridades judicializaron ambos casos en menos de 72 horas y ocho personas quedaron bajo prisión preventiva mientras se avanza con la Investigación. El anuncio fue hecho oficialmente el 12 de septiembre por la Dirección General de Comunicación Social de la dependencia capitalina. El primer caso se registró el 6 de septiembre en la colonia Santa Catarina.
Marcos Rafael "N" es señalado como quien acudió con otras tres personas a un inmueble, mostrando a los vecinos documentos supuestamente emitidos por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), cambió las cerraduras de dos departamentos y colocó sellos falsos atribuidos a esa institución. Tras la acción, los vecinos pidieron apoyo policial. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Marcos Rafael "N" y le aseguraron desarmadores, una barreta, pinzas, piezas de cerraduras y documentación relacionada con el INVI.
Posteriormente, el agente del Ministerio Público realizó entrevistas a las víctimas y al Policía que recibió la denuncia. Especialistas en criminalística de campo, fotografía y cerrajería confirmaron el cambio de cerraduras. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) también revisaron el lugar y los objetos asegurados. La Fiscalía consultó al INVI, que declaró que Marcos Rafael "N" no formó parte de su personal ni ha tenido relación alguna con la institución. Además, precisó que los documentos encontrados son falsos y que no realiza acciones para recuperar inmuebles mediante el cambio de cerraduras o sellos.
Con esos hechos, el agente formuló una imputación por despojo a 15 días. En la audiencia del 9 de septiembre, menos de 72 horas después de los hechos, Marcos Rafael "N" fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva, con un plazo de un mes y 15 días para finalizar la Investigación complementaria. El segundo caso se produjo la noche del 7 de septiembre. Marco Filemón "N", quien se presentó como propietario de un inmueble afectado, llegó acompañado de alrededor de diez personas. Según declaraciones de víctimas y testigos, organizó una acción para irrumpir en varios departamentos.
Los integrantes rompieron vidrios de puertas y ventanas, usaron insultos, jalones y golpes para sacar a los ocupantes y llevarse muebles y otras pertenencias. Los vecinos solicitaron ayuda policial. Elementos de la SSC llegaron al lugar, detuvieron a seis hombres y una mujer y los pusieron a disposición de la FGJCDMX. El agente del Ministerio Público recabó entrevistas con víctimas, testigos y policías que fueron los primeros en responder. Luego solicitó intervención de especialistas en cerrajería, criminalística de campo y fotografía.
Con los datos reunidos, formuló una imputación por despojo agravado contra siete personas detenidas.
En la audiencia del 10 de septiembre, se vincularon a proceso siete personas: Marco Filemón 'N', Marco 'N', José 'N', Juan 'N', Máximo 'N', Jonathan 'N' y Herlinda 'N'. La autoridad Judicial les impuso prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para finalizar la Investigación complementaria. Los hechos se produjeron en menos de 72 horas tras el inicio del proceso.
Dos denuncias de despojo en Azcapotzloco llevan a procesar a ocho personas
Desde agosto, las acciones contra el despojo en la Ciudad de México se intensificaron. El 5 de agosto de 2026, Clara Brugada, jefa de Gobierno, junto a Bertha Alcalde Luján, fiscal General, y Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial, presentaron un paquete de medidas. Entre ellas, se creó una unidad especializada dentro de la Fiscalía, 20 jueces dedicados al tema en el Poder Judicial y una alerta registral institucional en el Registro Público de la Propiedad.
La fiscal Alcalde Luján estableció un plazo de 15 días para asegurar y restituir inmuebles en casos de invasión con documentación válida, y de 30 días para la judicialización de los responsables. El Gabinete contra los Despojos, que opera desde hace 13 meses, atendió 1.320 casos. De ellos, 644 fueron conflictos civiles o de otro tipo, mientras que 388 correspondieron a posibles despojos. En esos últimos, se ejecutaron 317 acciones como restituciones, aseguramientos y otras medidas, lo que alcanzó una tasa de efectividad del 82%.
La Fiscalía General de la Ciudad de México indicó que analiza cada caso para diferenciar situaciones delictivas de controversias de otro tipo. Cuando hay elementos suficientes, lleva a cabo las acciones ministeriales necesarias para someter a los responsables a juicio y proteger los derechos patrimoniales de las víctimas.
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