Procuraduría analizará licencias y cumplimiento en edificios dañados por terremoto en Colombia

La Procuraduría General de la Nación iniciará una investigación para analizar las licencias y obras de edificios dañados por el terremoto registrado hace un mes en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca. El objetivo es determinar si hubo fallas, negligencia o irregularidades en los procesos de construcción, supervisión y cumplimiento de normas técnicas.

El procurador General, Gregorio Eljach, confirmó que la entidad examinará el recorrido institucional de las viviendas afectadas, desde la emisión de licencias por parte de curadurías hasta la finalización de las obras. Esto incluye revisar el papel de oficinas de planeación, interventores y supervisores.

La Procuraduría accederá a archivos y registros para identificar cuáles funcionarios tenían competencias en cada etapa del proceso y si cumplieron con sus obligaciones. Entre los aspectos revisados se encuentran las licencias de construcción, remodelación, el cumplimiento de normas de sismorresistencia y el seguimiento de las obras.

Uno de los puntos centrales será verificar si lo construido coincide realmente con lo autorizado por las autoridades competentes. La investigación busca establecer si las edificaciones afectadas cumplían con los estándares exigidos o si hubo omisiones en materiales, diseños, permisos, controles o supervisión.

Eljach señaló que el propósito de la investigación es identificar responsabilidades, garantizar el resarcimiento de daños cuando sea necesario y asegurar que la recuperación se desarrolle con rapidez pero dentro del marco legal.

En las regiones afectadas, aún se evalúan los daños en viviendas, edificios, servicios públicos e infraestructura. La Procuraduría busca apoyar esa evaluación sin reemplazar a las autoridades competentes, sino con una vigilancia sobre el uso de recursos y el cumplimiento normativo.

Se investigarán irregularidades en licencias y supervisión de obras tras el terremoto

También se examinará si las oficinas territoriales encargadas de planeación y control urbano actuaron conforme a sus deberes. Esto incluye verificar si existieron advertencias previas, modificaciones no autorizadas o incumplimientos que aumentaron la vulnerabilidad de ciertas estructuras.

Otro problema destacado es que muchas viviendas afectadas no tenían seguro, dejando a sus dueños sin respaldo económico. En otros casos, quienes sí contaban con pólizas enfrentan dificultades para que las aseguradoras reconozcan y paguen los siniestros.

Esa situación genera presión sobre familias que perdieron total o parcialmente sus viviendas y que ahora dependen de indemnizaciones, respuestas institucionales o programas de reconstrucción para recuperar su patrimonio.

Eljach citó el terremoto de Popayán en 1983, cuando se descubrió que algunas estructuras colapsadas usaban materiales que no cumplían con los estándares. Ese evento llevó a la implementación de normas técnicas de sismorresistencia en Colombia.

Con ese ejemplo, la Procuraduría busca evitar que una situación similar se repita en las zonas afectadas por el terremoto reciente. La entidad analizará si las fallas estructurales fueron solo consecuencia de la magnitud del sismo o también derivaron de incumplimientos humanos, administrativos o técnicos.

En la noche del viernes, la Procuraduría se comprometió a revisar las licencias y obras de edificios afectados por el terremoto en Colombia. El Ministerio Público confirmó su presencia en los territorios, para acompañar la respuesta institucional sin intervenir directamente, pero asegurando que los recursos y acciones se dirijan adecuadamente hacia la recuperación de viviendas, infraestructura y servicios públicos. La investigación comenzará desde el nivel central, con operaciones en zonas afectadas y coordinación entre ministerios, la gerencia encargada de la reconstrucción y autoridades locales.

Se evaluará tanto la etapa inicial de construcción como las decisiones actuales de recuperación. El objetivo es que la reconstrucción avance con rapidez pero también con garantías legales y técnicas. La prioridad será establecer responsabilidades, proteger a los damnificados y evitar que nuevas obras repitan fallas que agravaron los daños del sismo.