En la noche del jueves, el expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram declaró que presentará una apelación internacional contra su condena por participación en un delito de delincuencia organizada, vinculado al caso de la comercialización ilegal de Pruebas de COVID-19. La sentencia, dictada la víspera, lo acusa junto a su hijo Jacobo Bucaram de haber colaborado en una red delictiva durante la pandemia. El exmandatario rechazó el fallo, afirmando que ‘Aquí no hay delito’ y preguntando ‘¿dónde está el delito?’ al referirse a transacciones privadas como la compra de una bicicleta, una moto, un carro o Pruebas de detección del virus.
Durante una rueda de prensa en su domicilio, Bucaram insistió en que su hijo se encuentra en Ecuador y que no ha sido capturado. ‘Mi hijo está Aquí, ya mismo viene a comer. No ha salido del país y no tiene por qué salir del país, no tiene boleta de captura’, afirmó. Aunque indicó que él podría irse ‘ahorita’ a países como México o Panamá, explicó que se mantiene en el país por su edad de 74 años y por razones familiares.
La condena se basa en ventas de Pruebas de COVID sin autorización oficial
La condena de nueve años y cuatro meses para los dos Bucaram se basa en la venta ilegal de 21.000 Pruebas de COVID-19, junto a mascarillas, lancetas y guantes de nitrilo, entre marzo y agosto de 2020. El Poder Judicial también sentenció a Leandro B., exagente de tráfico, y al ciudadano israelí Sheinman O. a 13 años y cuatro meses, aunque este último recibió una reducción de dos años y ocho meses por haber colaborado con la justicia. Ambos fueron considerados los ‘autores directos’ del delito.
La Fiscalía indicó que durante la emergencia sanitaria, la red delictiva generó beneficios económicos mediante la comercialización de insumos médicos. La sentencia se basa en evidencias que demuestran que se vendieron productos para detectar el virus sin autorización oficial. Horas antes de conocerse el veredicto, Bucaram publicó un mensaje en redes sociales en el que anticipó una pena entre cinco y siete años de prisión.
En ese mensaje, afirmó haber solicitado alta médica ‘a pesar de estar en peligro de muerte súbita’. En otra publicación, explicó que los cambios de hospitales que retrasaron la lectura de la sentencia hasta seis veces se debieron a que los centros estaban rodeados de policías y militares. ‘Los cambios de hospitales son obvios porque el Poder Judicial ha presionado a los hospitales, quitándome el derecho a atender mi salud con una grave crisis cardiaca’, escribió. Afirmó además haber sido diagnosticado como paciente de muerte súbita.
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