En la noche del viernes, varios exintegrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que se encuentran en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez, en Putumayo, expresaron por medio de un video conocido en exclusiva por Caracol Radio su preocupación ante el Cierre del espacio a partir del 30 de septiembre de 2026. La declaración fue hecha desde la vereda Betania, donde se encuentran los que decidieron permanecer en el lugar.
Los participantes piden al Gobierno garantías para continuar con su proceso de reincorporación a la vida Civil, destacando que tomaron esa decisión por el bien de sus familias y para evitar regresar a la confrontación armada. Uno de ellos afirmó: 'Lo que más pedimos es que respeten nuestras vidas, porque esta decisión que tomamos, la tomamos fue por todas nuestras familias, porque queremos ir a casa. Y si dejamos un fusil es porque ya no queremos volver a alzar un fusil'.
Además, en el video se solicita la presencia de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para abordar cuestiones jurídicas y situaciones que afectan a los habitantes de la Zona. Un vocero indicó: 'Pedimos el favor y la solicitamos que mañana haga presencia para lo del tema jurídico y la situación de todos nosotros los aquí presentes'.
El mismo participante señaló que la decisión de permanecer en la ZUT fue asumida voluntariamente por los integrantes, aunque también mencionó que algunos compañeros ya abandonaron el espacio tras conocerse la decisión gubernamental de cerrar el lugar. Según datos disponibles, alrededor del 50% de los exintegrantes que iniciaron el tránsito a la vida Civil dejaron la Zona tras esa notificación.
Los que siguen en Betania insisten en que se garantice su derecho a ser acompañados por funcionarios del Estado durante el proceso. Otro de los participantes pidió un garante o vocero gubernamental para exponer sus dudas y preguntas, expresando: 'Exigimos un garante o un vocero del Gobierno como representante para exponer nuestras dudas, preguntas y etcétera'.
El Cierre de la ZUT se formalizó mediante la Resolución 389 de 2026, que establece el Final del espacio el 30 de septiembre de ese año. El documento indica que el espacio tenía un carácter transitorio y que uno de sus objetivos era facilitar el tránsito de los exintegrantes hacia la ciudadanía plena.
La resolución también señala que entre junio y diciembre de 2026, 99 personas ingresaron a la ZUT, tras ser reconocidas por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y aceptadas para su permanencia en el lugar.
Los exintegrantes exigen acompañamiento gubernamental y Protección jurídica
En la noche del viernes, Exguerrilleros de Putumayo exigieron garantías antes del Cierre oficial de la Zona de Ubicación Temporal. La comunidad expresó su preocupación por el futuro de quienes ya cuentan con condición de desmovilizados colectivos, conforme a la Resolución 190 del 12 de junio de 2026. Según ese documento, el Gobierno considera que se ha cumplido la finalidad transitoria de la ZUT por la dejación de armas, la firma de actas de compromiso de no repetición y el inicio del proceso de reintegración, junto con las actuaciones penales pertinentes.
La Resolución 389 establece que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz deberá coordinar, hasta el 30 de septiembre, todas las acciones necesarias para cerrar formalmente la Zona. Para ello, intervendrán entidades como la ARN, Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, además de otras instituciones del orden Nacional.
El acto administrativo también exige la participación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección, la Agencia Nacional de Tierras y las autoridades judiciales entre otras.
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de la resolución, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz debe adoptar, junto con las entidades competentes, un Plan Interinstitucional de Cierre y Transición. Este Plan será operativo y no podrá modificar las competencias legales de las instituciones, crear beneficios no previstos en el ordenamiento jurídico ni alterar decisiones que correspondan a las autoridades judiciales.
Uno de los puntos clave es la continuidad de las rutas institucionales para las personas reconocidas como desmovilizadas. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización deberá definir individualmente el ingreso y permanencia en el proceso de reintegración, así como las medidas que se deben aplicar en caso de salida de la ZUT.
El Gobierno precisó que el proceso aplicable a estos exintegrantes es de reintegración, no de reincorporación, como el previsto para quienes dejaron las armas bajo el Acuerdo Final de Paz de 2016 con las FARC-EP. Los listados y documentos relevantes deben ser comunicados a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las autoridades judiciales competentes.
El propio acto administrativo señala que la Oficina del Consej. Comisionado de Paz no decide sobre la vigencia, levantamiento o ejecución de órdenes de captura, pues esas decisiones son exclusivas de las autoridades judiciales.
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