Una encendida controversia política y social se desató en Chile tras salir a la luz la contratación de Cristóbal Soto Fuentes, un joven de 19 años que cursa el primer año de la carrera de Periodismo, dentro del Ministerio del Interior. El estudiante fue incorporado bajo la figura de experto en redes sociales con una asignación salarial de 1,9 millones de pesos chilenos, cifra que supera holgadamente los 2.000 dólares mensuales y se sitúa muy por encima del ingreso promedio de los trabajadores en ese país. La revelación, realizada por el medio de investigación Contrapoder, provocó un rechazo transversal que incluye cuestionamientos desde la propia coalición oficialista y acusaciones de nepotismo.
El recorrido del estudiante y las irregularidades señaladas
El expediente del funcionario detalla que únicamente cuenta con el ciclo de educación media completo. Antes de desembarcar en el Palacio de La Moneda en el mes de marzo, Soto se desempeñó durante cinco meses en la estrategia digital de la alcaldía de Lo Barnechea y posteriormente ejerció como community manager en el sector de mujeres de la Unión Demócrata Independiente (UDI). La rápida escalada hacia la máxima sede de gobierno y la desproporción salarial asignada en comparación con la de profesionales con titulación universitaria terminaron por encender las alarmas en el ámbito político.
Cuestionamientos a la idoneidad técnica:
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Formación académica: Cursa el primer año de la licenciatura en Periodismo sin título profesional.
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Monto inicial: Salario asignado de USD 2.000 mensuales ($1.900.000 chilenos).
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Monto reajustado: Salario fijado tras la polémica en USD 1.300 mensuales ($1.200.000 chilenos).
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Experiencia previa: Cinco meses en la comuna de Lo Barnechea y tareas en el partido UDI.
La suma de contrataciones jóvenes en la administración pública
El caso de Soto no representa un episodio aislado dentro de la administración chilena. La opinión pública y diversos legisladores venían cuestionando contrataciones similares concretadas en los últimos meses. Entre los antecedentes inmediatos figura el de Camila Pérez, abogada de 26 años militante de Renovación Nacional, incorporada al Servicio Nacional de Migraciones a pocas semanas de haber jurado ante la Corte Suprema.
De igual modo, generó fuerte rechazo la asignación de Trinidad Zegers, abogada de 27 años contratada en el Ministerio de Justicia para coordinar la Reforma Procesal Civil con una remuneración cercana a los 2.160 dólares mensuales, habiéndose recibido apenas un mes antes de asumir el cargo. Estos antecedentes alimentaron la percepción pública de un uso discrecional de las partidas presupuestales para remunerar a militantes o allegados sin la trayectoria requerida para los puestos asignados.
Reacción institucional y rectificación de haberes
Frente a la escalada de críticas, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió públicamente a respaldar el desempeño de los equipos técnicos, aunque anunció una modificación inmediata en la retribución del joven funcionario. Si bien la autoridad defendió el profesionalismo de las tareas realizadas en la cartera, confirmó que el salario se adecuará a la escala correspondiente a los años de experiencia y nivel formativo, reduciéndose a 1,2 millones de pesos chilenos (aproximadamente 1.300 dólares).
La resolución del Ejecutivo busca frenar el costo político en un escenario donde la transparencia en el gasto público y el acceso meritocrático a la función estatal se mantienen en el centro del debate ciudadano.
Proyección y control parlamentario
Las repercusiones de este episodio mantendrán la atención puesta en los criterios de contratación del Estado chileno. Se prevé que la oposición y diversos organismos de control soliciten auditorías sobre la escala de sueldos de las asesorías gubernamentales para evitar la proliferación de cargos elevados en perfiles sin la idoneidad reglamentaria.
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