La situación financiera y operativa de Granja Tres Arroyos y Wade, empresa del mismo grupo empresario, ha alcanzado un punto crítico que impulsa una nueva etapa legal. Fuentes próximas a ambas firmas confirmaron que se presentarán en convocatoria de acreedores en los próximos días, mientras el Ministerio de Trabajo bonaerense impone una conciliación obligatoria para reincorporar a 1.200 Trabajadores despedidos.
El proceso judicial surge tras meses de tensiones internas, cierres parciales y suspensión de operaciones en distintas unidades del grupo. En ese contexto, el número total de empleados desvinculados se acerca a los 1.730 casos acumulados desde que comenzó el conflicto, según datos disponibles hasta ahora.
La cartera laboral de la Provincia de Buenos Aires estableció una conciliación obligatoria por quince días hábiles, con posibilidad de prorrogar por otros cinco. El objetivo es lograr la reincorporación de los Trabajadores desvinculados mientras se desarrolla el diálogo Entre las empresas y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (Steapba).
Los despidos afectan a 700 empleados en la planta de Capitán Sarmiento, 50 en Pilar y 450 en Esteban Echeverría. La intervención provincial busca evitar medidas de fuerza y fomentar un espacio de negociación para preservar los puestos de Trabajo.
Durante la audiencia participaron representantes de las empresas, del gremio y autoridades provinciales. Asistieron también el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación del municipio de Esteban Echeverría.
Las partes acordaron entregar 1.000 cajones de pollo a los Trabajadores afectados y realizar un pago a cuenta que se hará efectivo durante la próxima semana. La siguiente audiencia se programó para el jueves, dentro del marco de la conciliación obligatoria.
En los últimos días, la planta de Capitán Sarmiento, una de las unidades históricas de la empresa, quedó paralizada. Granja Tres Arroyos informó al personal que las operaciones se suspendían ‘hasta nuevo aviso’ y pidió a los Trabajadores que no acudieran a sus puestos salvo que fueran convocados por un encargado o supervisor.
Ahora, existe la posibilidad real de que tanto Wade como Granja Tres Arroyos entren en un proceso concursal. La convocatoria de acreedores es un mecanismo mediante el cual una empresa con problemas para cumplir sus obligaciones busca organizar su situación frente a sus deudores y evita, en ciertos escenarios, una quiebra formal. Este paso se daría tras meses sin solución definitiva en una reestructuración.
Despidos y suspensiones en las plantas de la Granja: el conflicto que avanza en el marco de una conciliación obligatoria
El impacto laboral es uno de los principales indicadores del alcance del conflicto. Fuentes cercanas indican que el número total de despidos acumulados se sitúa en torno a 1.730, aunque el dato aún no está cerrado porque no se ha determinado con exactitud cómo se distribuyen las desvinculaciones Entre las distintas plantas.
En la noche del viernes, Granja Tres Arroyos se presentó en una convocatoria de acreedores tras la orden del gobierno bonaerense para que reincorpore 1.200 Trabajadores. La falta de un número definitivo de desvinculaciones se debe, según fuentes cercanas, a que aún no se ha consolidado el detalle de las desvinculaciones ocurridas en cada una de sus plantas. Desde diciembre de 2024, la empresa había iniciado un proceso de reducción de personal tras haber solicitado formalmente la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Aunque ese trámite no se concluyó a nivel nacional, desde entonces comenzaron a implementarse medidas en los distintos establecimientos.
Uno de los primeros cierres significativos fue la planta de Tristán Suárez, donde se produjeron 200 despidos sobre una dotación inicial de 270 Trabajadores. Posteriormente, se anunció el cierre definitivo de la planta Becar, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y se trasladó al personal a la planta La China, ubicada en las inmediaciones. A mediados de agosto, se registraron alrededor de 250 despidos en una planta de Concepción del Uruguay que contaba con unos 900 empleados. Los telegramas enviados a los Trabajadores mencionaron ‘una grave disminución de Trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad’.
La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) cuestionó las desvinculaciones y señaló que existían Trabajadores con salarios atrasados. La situación en Capitán Sarmiento elevó la Crisis a un nuevo nivel: la planta dejó de operar el 31 de agosto, tras una comunicación interna sobre la suspensión de tareas productivas. La empresa justificó la medida por ‘la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento’. El comunicado no indicó una fecha para el regreso de actividades ni especificó el destino de los puestos afectados.
Trabajadores y personas vinculadas al establecimiento denunciaron que parte de la maquinaria concesionada ya no se encontraba en las instalaciones cuando se anunció la suspensión. También señalaron que integrantes del directorio habían retirado pertenencias de sus oficinas. Capitán Sarmiento no fue el único caso: en julio, la planta Avex, en Río Cuarto, Córdoba, dejó de operar. Se había informado inicialmente como una ‘parada programada de dos semanas’, pero se extendió a otros 15 días y terminó durando un mes, afectando a unos 350 Trabajadores. En agosto, la planta Pinazo en Pilar suspendió a todo su personal. Además, se registraron conflictos salariales y bloqueos en Wade II, en Esteban Echeverría, mientras que Wade I, ubicada en Ezeiza, siguió funcionando con una reducción notable de actividad.
La situación en Wade se incorporó al panorama general del grupo y ahora quedará sometida a una instancia judicial de convocatoria de acreedores, según fuentes cercanas. El paso de Granja Tres Arroyos seguirá en esa línea durante los próximos días. La decisión se da mientras la empresa intenta reestructurar una deuda estimada en USD 350,9 millones.
La Granja Tres Arroyos está en proceso de negociaciones con sus acreedores, con la participación activa de la banca de inversión VALO. El plan que se analizaba previamente incluye una reestructuración de las deudas, con posibles quitas del 75% del capital adeudado, plazos de pago que podrían alcanzar hasta siete años y la venta de activos no estratégicos. Este esquema busca ordenar las obligaciones financieras de la empresa y mantener su operación en marcha. A pesar de que estas conversaciones se desarrollaban, el deterioro continuo de la situación operativa se evidencia en una serie de cierres, suspensiones y despidos. La evolución de estos hechos indica que las condiciones internas de la empresa no mejoraron, sino que empeoraron mientras avanzaban los acuerdos con acreedores. La entrada en una convocatoria de acreedores cambiaría el escenario de las discusiones, ya que trasladaría parte del debate sobre las obligaciones de la empresa al ámbito judicial. Para los Trabajadores, la incógnita principal sigue siendo el futuro de sus puestos de Trabajo, así como el cobro de salarios y posibles indemnizaciones pendientes. El proceso de reestructuración no resuelve aún las preocupaciones más profundas de los empleados. La falta de claridad sobre el destino laboral de los Trabajadores y la incertidumbre respecto al cumplimiento de sus derechos económicos persisten. Aunque se avanzó en un esquema financiero, el impacto operativo y humano sigue siendo incierto. En este contexto, las negociaciones no han logrado establecer una salida clara para los Trabajadores ni garantizar la continuidad del empleo. La convocatoria de acreedores podría acelerar el proceso judicial, pero también aumentaría la tensión Entre los empleados y la administración. El gobierno bonaerense había ordenado la reincorporación de 1.200 Trabajadores, lo que pone en juego una nueva etapa de coordinación Entre las autoridades y la empresa. El objetivo inicial era encontrar un mecanismo que permitiera mantener el funcionamiento de la Granja sin comprometer sus deudas. Sin embargo, los hechos recientes indican que ese objetivo no se ha cumplido. La situación operativa sigue en declive, lo que pone en riesgo tanto la viabilidad financiera como la estabilidad laboral del establecimiento.
En la noche del viernes, Granja Tres Arroyos se presentó en convocatoria de acreedores tras la orden del gobierno bonaerense para que reincorpore 1.200 Trabajadores. La medida fue tomada por el poder ejecutivo local para reactivar empleos en la zona.
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