Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que no cuenta con la posibilidad legal de acogerse a un procedimiento de quiebra en territorio estadounidense ni bajo el marco normativo de México.
La revelación surgió en una misiva enviada por la petrolera estatal a los reguladores norteamericanos Samuel Kluck y Michael Coco, luego de que inversores internacionales exigieran precisiones sobre la estabilidad financiera y el nuevo estatus corporativo de la compañía tras la reforma energética impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.
Desde la empresa pública aclararon que esta situación de desprotección ante eventuales escenarios de insolvencia no es producto de los recientes cambios constitucionales, sino una condición estructural histórica que afecta a las entidades del sector público no constituidas bajo el derecho mercantil privado.
El impacto financiero y el contexto regional
El fantasma de la insolvencia corporativa en empresas estatales de gran envergadura genera máxima atención en los mercados financieros de América Latina, dado el peso estratégico que los hidrocarburos tienen en las cuentas públicas de la región.
Hasta el cierre del primer semestre, la deuda financiera de Pemex se ubicó en 77.500 millones de dólares. Si bien la cifra representa una reducción del 9,1% frente al cierre del ejercicio anterior —impulsada por aportaciones patrimoniales del Gobierno federal que superan los 1,71 billones de pesos desde 2019—, la falta de un mecanismo de concurso mercantil mantiene bajo la lupa la sostenibilidad a largo plazo del gigante energético.
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