El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha acusado al Rayo Vallecano de realizar un «intento desesperado de tapar la realidad» y de actuar con «mala fe» para eludir sus responsabilidades sobre el mantenimiento del Estadio de Vallecas. El club responsabilizó al Gobierno regional de la situación del recinto y le acusó de mantener «oculto» el informe de la auditoría durante más de siete meses. De Paco rechazó las acusaciones, calificando de «deshonesta» la postura del club y denunciando que la posición del club constituye un «intento delirante» de construir teorías para desviar la atención de lo que considera el origen del problema: el incumplimiento de las obligaciones que correspondían al Rayo como concesionario del estadio.
El consejero ha destacado que la Comunidad actuó después de conocer unas deficiencias que impedían garantizar la seguridad de las personas. Ha contrapuesto el «interés general» que guía la actuación de la Administración frente al «interés particular» del club. El Rayo piensa y actúa como si el estadio fuese suyo, pero es de dominio público, de todos los madrileños. La Comunidad ha insistido en que debe cumplir estándares de seguridad y salubridad, y ha defendido que la Administración estaba obligada a actuar cuando la auditoría puso en cuestión la garantía de las instalaciones.
De Paco ha asegurado que fue esta situación, y no un enfrentamiento con el club o su presidente, Raúl Martín Presa, la que llevó a incoar el procedimiento para extinguir la concesión y adoptar como medida cautelar su suspensión. «El club no está capacitado para llevar la gestión del estadio y por eso se dicta la orden de extinción», ha sostenido, vinculando la decisión a la «mala praxis» atribuida al Rayo en el mantenimiento del recinto.
El consejero ha rechazado la acusación del Rayo de que la Comunidad mantuvo durante más de siete meses «oculto» el informe sobre las instalaciones. Según De Paco, la auditoría permaneció abierta porque estaba pendiente de la documentación que debía aportar el propio club. El club dejó pasar el primer plazo, solicitó una prórroga que le fue concedida y tampoco presentó la información requerida cuando la ampliación terminó el 13 de julio. Tras concluir ese plazo, se comunicó a los auditores que no se había recibido la documentación y se terminó el informe.
De Paco ha defendido que se trata de una auditoría elaborada por un profesional autorizado y visada por el correspondiente colegio profesional. Ha cuestionado la credibilidad de las acusaciones formuladas ahora por el club. El consejero ha acusado al Rayo de situarse inicialmente «en rebeldía» y «atrincherarse» después de la medida cautelar, antes de comenzar a realizar las actuaciones necesarias y recopilar la documentación reclamada.
La Comunidad llegó a denunciar al club ante la Policía Nacional después de que su personal técnico no pudiera entrar en el recinto para comenzar las comprobaciones y actuaciones urgentes. Tras varios intentos fallidos y una reunión posterior entre De Paco y Presa, los técnicos autonómicos pudieron finalmente acceder al estadio. Para el consejero, ese tiempo perdido ha repercutido directamente en la fecha en la que el conjunto franjirrojo podrá regresar a Vallecas. «No estamos en lucha con el Rayo Vallecano», ha reiterado.
El Rayo no pudo disputar en Vallecas su primer encuentro como local de esta temporada frente al Deportivo Alavés y tuvo que trasladarlo al Estadio Ontime Butarque, en Leganés, después de que no se levantara la suspensión cautelar. De Paco ha reiterado que el deseo del Ejecutivo autonómico es que el conjunto franjirrojo regrese «lo antes posible» a su campo, aunque ha insistido en que no se permitirá la reapertura hasta que las comprobaciones técnicas garanticen que el recinto es «cien por cien seguro».
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