Hay cosas que duelen más cuando no se dicen a los gritos, sino cuando se confirman con el silencio. Y el silencio que viene de la Fiscalía de Salto respecto al exintendente Andrés Lima está haciendo mucho ruido. No es un ruido de protesta, es el ruido sordo de una institución que parece haberse olvidado de su propio reloj. Pasó más de un año desde que se presentaron denuncias penales serias —con papeles, audios y testimonios— y hasta ahora, nada. Ni una citación, ni una declaración, ni siquiera un movimiento formal que justifique tanta espera.
Las acusaciones no son livianas. Se habla de clientelismo, de usar terrenos municipales como premio por militancia, de abuso de funciones. Son temas que en cualquier otro departamento ya habrían generado citaciones inmediatas. Pero en Salto, el expediente parece estar en un freezer invisible. Y acá no vale la excusa de «la burocracia judicial». Sí, hay traslados de fiscales, sí, hay declinaciones de competencia, pero eso no explica que una causa tan grave esté paralizada mientras el denunciado asume un cargo nacional en MEVIR y sigue caminando libre por los pasillos del poder.
Lo que molesta, y lo que genera desconfianza, no es solo la demora. Es la sensación de que hay dos velocidades en la justicia salteña. Cuando el investigado tiene color político afín, o amigos en lugares clave, el tiempo parece estirarse hasta el infinito. Cuando no, la maquinaria anda rápido. Esa doble vara es la que mata la credibilidad. No hace falta probar que haya delito para que la duda sea legítima; alcanza con ver que los plazos no se cumplen y que nadie da explicaciones públicas.
Y ojo, que esto no va contra Andrés Lima personalmente. Va contra la forma en que se está manejando su caso. Porque si él fuera inocente, lo primero que debería querer es declarar, mostrar sus papeles y limpiar su nombre. El hecho de que la fiscalía no lo cite tampoco le hace ningún favor a él. Lo deja en un limbo donde cualquiera puede pensar lo peor. Y si fuera culpable, bueno, entonces la demora es aún más grave, porque estaría funcionando como un blindaje encubierto.
Ahora que está en MEVIR, la cosa se complica todavía más. No porque tenga fuero especial —que no lo tiene para hechos pasados—, sino porque el ascenso político suele traer consigo una especie de inmunidad social. Los fiscales, consciente o inconscientemente, pueden sentir que tocarlo ahora es meterse en un lío institucional mayor. Y ahí es donde la justicia pierde su norte: cuando el miedo a las consecuencias políticas pesa más que el deber de investigar.
Salto merece mejor que esto. Merece una fiscalía que no tenga que pedir permiso para actuar, ni que mida los tiempos según quién está sentado en la silla del acusado. La ciudadanía no pide condenas anticipadas; pide que se respeten los plazos, que se cite a declarar, que se avance o que se archive con fundamentos. Pero no este silencio cómplice que solo alimenta sospechas.
Porque al final, lo que está en juego no es solo el caso de Lima. Es la fe en que la justicia funciona igual para todos. Y esa fe, una vez que se pierde, es muy difícil de recuperar. Sobre todo cuando el silencio dice más que cualquier sentencia.