El Poder Ejecutivo anunció formalmente este miércoles que los precios de los combustibles al público se mantendrán sin modificaciones a partir de las 00:00 del martes 1° de septiembre en todas las estaciones de servicio del territorio nacional. De esta manera, la nafta Súper 95 continuará cotizando a $ 88,67 el litro como precio máximo de venta al público, mientras que el gasoil 50S se sostendrá en los $ 58,68 por litro.
Por su parte, el supergás mantendrá su valor en $ 93,56 por kilo, lo que implica que la tradicional garrafa de 13 kilogramos seguirá comercializándose a un precio aproximado de unos $ 1.200. Esta medida representa el segundo mes consecutivo en que la administración central decide congelar las tarifas en los surtidores, replicando una política similar a la aplicada a fines de julio para el mes de agosto.
Declaraciones previas y proyecciones de la Ursea
Días atrás, en una entrevista concedida a Informativo Sarandí, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, había adelantado que la nafta no experimentaría incrementos durante septiembre, aclarando al mismo tiempo que la mayor discusión interna se centraba en el gasoil debido a la presión alcista de los mercados internacionales.
Previamente, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) había emitido su informe mensual basado en los precios de paridad de importación (PPI). En dicho documento técnico se indicaba que, según los cálculos de referencia, las naftas debían registrar un incremento aproximado de $ 0,87 por litro, equivalente a un 1%, mientras que el gasoil enfrentaba una proyección de suba mucho más fuerte, calculada en unos $ 14,5 por litro, lo que representaba un 25% de aumento.
Estrategia oficial frente al mercado internacional
A través de un comunicado conjunto emitido por el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno justificó la decisión de congelar las tarifas argumentando que la medida se enmarca en la estrategia adoptada desde el mes de abril.
El objetivo principal de esta política consiste en amortiguar en el mercado interno uruguayo las fuertes variaciones y la volatilidad provocada por los precios internacionales del petróleo, un fenómeno impulsado fundamentalmente por el conflicto desatado en Medio Oriente. Con este esquema, el Ejecutivo prioriza la contención de costos para los consumidores y los sectores productivos locales durante el noveno mes del año.
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