Altercado por el pago de pasajes en la línea 306 El hecho se desencadenó cuando un grupo integrado por dos hombres y dos mujeres abordó la unidad con destino a Casabó. Al momento de abonar el trayecto, los usuarios disponían únicamente de saldo para cubrir dos pasajes mediante la tarjeta STM.
Ante el requerimiento del trabajador para que cancelaran la totalidad de los boletos correspondientes, los dos hombres reaccionaron de forma violenta. Inmediatamente proferieron insultos y amenazas de muerte contra el conductor, e intentaron abalanzarse sobre él para agredirlo físicamente en el interior del vehículo.
Intervención de pasajeros y guardias de seguridad Frente a la inminente agresión contra el chofer de ómnibus, diversos pasajeros que viajaban en la unidad y efectivos de la seguridad privada del terminal intervinieron para contener a los involucrados. El enfrentamiento derivó en una trifulca que incluyó golpes de puño y patadas en el andén.
El conductor logró solicitar auxilio mediante una llamada al Servicio de Emergencias 911. Personal policial acudió rápidamente al lugar de los hechos y procedió a la detención de los dos agresores.
Descompensación del trabajador e investigación policial Producto de la situación de tensión vivida durante el altercado, el conductor sufrió una descompensación de salud y tuvo que ser atendido por una unidad de emergencia médica en el sitio. Debido a su condición, la empresa dispuso el corte inmediato del servicio de la línea en esa unidad.
Fuentes de la compañía UCOT confirmaron a Montevideo Portal que el trabajador radicó la denuncia correspondiente en una seccional policial. Sin embargo, al ser consultada la Jefatura de Policía de Montevideo, se informó que por el momento no se registraban novedades cargadas formalmente en el sistema oficial sobre el procedimiento.
El episodio vuelve a poner en foco la seguridad de los trabajadores del transporte colectivo nocturno en los puntos de transferencia de pasajeros de la capital. Se aguarda la evolución de las actuaciones policiales y la revisión de las imágenes de las cámaras de videovigilancia para determinar el curso judicial de los detenidos.
