La confrontación política en el departamento de Rivera sumó en las últimas horas un episodio insólito que saltará de las barras de la Junta Departamental a la sede de la Justicia Penal. La edila del Frente Amplio en Rivera, Daiana de Mello, confirmó que elevará una formal denuncia por difamación e injurias luego de ser señalada públicamente por haber robado comida en un céntrico comercio del ramo gastronómico en Montevideo.
El episodio tuvo lugar en el marco de una comisión de trabajo que la legisladora departamental realizó en la capital del país. Durante sus actividades institucionales, De Mello concurrió a almorzar al tradicional establecimiento La Pasiva, lugar donde consumió una milanesa. Horas más tarde, comenzó a circular con fuerza en redes sociales y ámbitos políticos riverenses la versión de que la representante departamental se había retirado del local sin cancelar la cuenta.
Lejos de dejar pasar el trascendido, De Mello se contactó con la prensa capitalina para desmentir categóricamente las acusaciones y exhibió el comprobante fiscal correspondiente a su consumo, por un monto total de $ 1.411 pesos uruguayos. Según detalló la curul, la falsedad de la acusación configura un ataque directo a su honor e integridad ética, razón por la cual dará intervención inmediata a sus asesores letrados.
La denuncia por difamación y las acciones legales en marcha
La decisión de formalizar esta presentación judicial surge tras constatar el nivel de virulencia que alcanzó la información falsa en plataformas digitales y en grupos de mensajería del departamento norteño. De Mello explicó que el procedimiento penal no solo estará dirigido a los usuarios anónimos o cuentas que crearon y difundieron la mentira, sino que apuntará directamente a integrantes del propio cuerpo legislativo de Rivera.
Específicamente, la edila frenteamplista apunta contra aquellos legisladores departamentales que, sabiendo o debiendo saber la falta de constatación del hecho, actuaron como caja de resonancia del rumor para desgastar su figura pública y la de su fuerza política. La estrategia legal consistirá en presentar el ticket de pago como prueba documental irrefutable, solicitando además el relevamiento de testimonios y el rastreo informático de las publicaciones donde se la acusó de la comisión de un delito de hurto.
De acuerdo con lo expresado por la legisladora, iniciar la querella contra legisladores locales sienta un precedente necesario ante lo que considera una práctica sistemática de descalificación personal en el debate político departamental.
El comprobante de $ 1.411 y la versión de la edila
Para neutralizar el relato que circulaba en la opinión pública, De Mello hizo pública la factura emitida por el comercio montevideano. En el documento fiscal figura el detalle exacto de la transacción por $ 1.411, con fecha, hora e identificación del puesto de venta de La Pasiva, lo que descarta cualquier atisbo de irregularidad o retiro intempestivo del local comercial.
La edila enfatizó que el viaje a Montevideo respondía a tareas inherentes a su función legislativa y que el pago del almuerzo fue realizado en forma regular y transparente. «No se puede permitir que se ensucie gratuitamente a las personas con mentiras absolutas», transmitieron allegados a la bancada del Frente Amplio en Rivera, quienes respaldaron de forma unánime el accionar judicial de su compañera de bancada.
La prueba documental será adjuntada como elemento central que acompañará el expediente judicial ante la Fiscalía General de la Nación, solicitando que se cite a declarar a los involucrados.
Reacciones en la Junta Departamental de Rivera y el daño institucional
La filtración del asunto provocó inmediatas repercusiones en el deliberativo comunal de Rivera. Varias figuras de la oposición local opinaron públicamente sobre la supuesta inconducta antes de que se conociera la prueba documental presentada por De Mello.
Entre los testimonios más duros figuró el de la edila Marta Diniz, quien en declaraciones públicas calificó lo sucedido como un hecho «lamentable» que afectaba el prestigio de toda la Junta Departamental. «Esa imagen, si ocurrió así, nosotros debemos saberlo y que se tomen las medidas correspondientes. Es una mala imagen para todo el cuerpo», manifestó Diniz, dando por verosímil la posibilidad del robo.
Ante estas afirmaciones, De Mello confirmó que la propia Marta Diniz será una de las personas querelladas en la controversia que ingresará en los juzgados penales. Para el entorno legal de De Mello, las palabras de Diniz traspasaron el límite de la opinión política y constituyeron una imputación de hecho punible que dañó la imagen pública de la edila agredida.
Encuadre jurídico: los delitos de difamación e injurias en el Código Penal
En el marco del Código Penal uruguayo, la acción legal encuentra su sustento en el artículo 333, el cual sanciona a quien ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la versión, le imputare a un individuo un hecho determinado que si fuera cierto fuera capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, o de ofender su honor o decoro.
Por su parte, el delito de injuria (artículo 334) contempla la ofensa directa a la dignidad o al decoro de una persona mediante palabras, escritos o vías de hecho. Al haber calificado el accionar de la curul como un robo de comida sin verificar la factura, los involucrados podrían enfrentar responsabilidades penales y eventuales demandas civiles por daños y perjuicios.
El equipo letrado que patrocina a De Mello viene reuniendo las capturas de pantalla, audios, notas de prensa y versiones estenográficas de la Junta Departamental para adjuntarlas al expediente principal.
El impacto político en la bancada del Frente Amplio
El episodio no solo generó crispación entre los bloques de la Junta Departamental de Rivera, sino que reactivó la discusión sobre el uso de los viáticos y los viajes oficiales de las delegaciones departamentales a la capital. Desde el Frente Amplio de Rivera cerraron filas en torno a De Mello, asegurando que existe una intencionalidad política clara de desgastar a la bancada opositora en el departamento.
Dirigentes locales de la izquierda señalaron que la rapidez con la que se viralizó el rumor sobre el almuerzo en La Pasiva demuestra una coordinación orientada a menoscabar la credibilidad de sus representantes. En ese sentido, entienden que la vía judicial es la única herramienta eficaz para frenar campañas de desinformación.
Se espera que en las próximas jornadas se formalice el escrito ante la sede fiscal correspondiente. Con la presentación de la factura por $ 1.411 como pieza de convicción primaria, el avance del caso marcará la agenda política del departamento y obligará a varios ediles a responder por sus dichos ante los tribunales.
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