Alejandro Arias Monge fue arrestado este 24 de julio en el sector de San Bernardino de Sarapiquí, Costa Rica, tras un operativo de una hora que dejó cinco agentes heridos. El Ministerio Público y la policía judicial lo señalan como el máximo responsable de una estructura transnacional dedicada al sicariato, el narcotráfico y la legitimación de capitales.
Alejandro Arias Monge encabeza los registros judiciales más complejos de la historia reciente de Costa Rica tras acumular investigaciones por su presunta participación en más de 150 asesinatos y liderar una red transnacional de narcotráfico, sicariato y blanqueo de capitales. El arresto de este cabecilla, conocido en el ámbito delictivo bajo el alias de “Diablo”, pone fin a un largo periodo de clandestinidad y persecución internacional en el que se le atribuyeron crímenes de extrema violencia destinados a enviar mensajes de intimidación a bandas rivales.
Antecedentes y expansión de la red criminal
El rastro delictivo de Alejandro Arias Monge se consolidó durante años a través de actividades ilícitas que abarcaban desde el tráfico internacional de cocaína hasta la extorsión y el robo. Informes de agencias especializadas, incluida la Administración para el Control de Drogas (DEA), documentaron su colaboración con estructuras de narcotráfico asentadas en Colombia para coordinar el ingreso de cargamentos de estupefacientes hacia territorio costarricense.
A la par del tráfico de drogas, la organización estructuró un sistema de legitimación de capitales fundamentado en la adquisición y venta de ganado, así como en inversiones en bienes inmuebles que dificultaban el rastreo financiero por parte del Ministerio Público.
Casos emblemáticos de violencia extrema
La escalada de violencia impulsada por el grupo criminal dejó episodios de extrema crudeza que conmocionaron a la opinión pública costarricense. Entre los expedientes más resonantes figura el asesinato de Pamela Royo, perpetrado en junio de 2024 en la comunidad de Turrialba. La víctima fue interceptada y ejecutada por negarse a comercializar drogas para un proveedor vinculado a Alejandro Arias Monge. Posteriormente, los autores materiales desmembraron el cuerpo y distribuyeron los restos en zonas públicas como medida de presión y advertencia hacia grupos antagónicos por el control territorial.
Otro de los crímenes que evidenció el nivel de sevicia de la estructura fue el homicidio de Jazmín Torres Rankin, ocurrido en junio de 2023 dentro de un centro educativo en Tortuguero de Pococí. Dos sicarios encapuchados irrumpieron en el aula donde la joven rendía un examen y la acribillaron a balazos, atribuyendo explícitamente la autoría intelectual a la organización criminal. Por este hecho, el Tribunal Penal condenó a 30 años de prisión al ejecutor material, conocido como “El ángel de la muerte”.
Mecanismos de operación y sicariato por encargo
Las pesquisas judiciales detallan que la banda de Alejandro Arias Monge operaba bajo la modalidad de sicariato por encargo, interviniendo en disputas comerciales y financieras entre terceros. Casos históricos como el homicidio de Ademar Jiménez Gómez, registrado en un bananal de Cariari de Pococí, y el asesinato de Pablo Castro Barrantes demostraron que la red utilizaba armamento de alto poder, como fusiles de asalto AK-47, para ejecutar venganzas derivadas de pérdidas de dinero y cargamentos de droga. Los autores intelectuales de dichos crímenes recibieron condenas severas, mientras que los mandos operativos lograron mantenerse prófugos durante años gracias a redes de protección local.
El operativo de captura y el impacto institucional
La captura de Alejandro Arias Monge se concretó en la madrugada de este 24 de julio en el sector de San Bernardino de Sarapiquí. La intervención policial requirió un despliegue táctico de alta complejidad que se prolongó durante una hora y dejó como saldo cinco oficiales heridos debido a la resistencia armada ofrecida por el entorno del prófugo.
El director interino de la Policía Judicial, Michael Soto, destacó la relevancia de este golpe institucional para desmantelar una de las estructuras de violencia más arraigadas del país. Las autoridades mantienen abiertas múltiples líneas de investigación para procesar a los colaboradores restantes y asegurar el desmantelamiento total de las finanzas ilícitas asociadas a la red.
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