En momentos donde el discurso público exige prudencia y contención en la administración de las arcas estatales, una investigación periodística dejó al descubierto una controvertida erogación en el sector público. Datos oficiales confirmaron que renovaron la oficina de Jorge Gandini en la ANP por un monto total superior a los 58.000 dólares (aproximadamente $ 2.337.897 pesos uruguayos). El exsenador del Partido Nacional, quien asumió como director vocal del organismo en mayo de 2025, se vio envuelto en una fuerte polémica tras conocerse que las remodelaciones de su despacho y la sala de asesores fueron ejecutadas mediante el mecanismo de compras directas, abarcando desde mobiliario importado hasta obras de infraestructura de gran porte.
El uso discrecional de las partidas presupuestales en los organismos públicos volvió a quedar bajo el escrutinio social y político. Tras su salida del Senado de la República y su posterior incorporación al directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en mayo de 2025, el dirigente nacionalista Jorge Gandini quedó en el centro de los señalamientos debido a las elevadas cifras destinadas al reacondicionamiento de sus espacios de trabajo.
La información, divulgada por el periodista Eduardo Preve a partir de datos auditados de la Agencia Reguladora de Compras del Estado (ARCE), detalla una sucesión de gastos aprobados a pocas semanas de la llegada del jerarca a la institución.
Detalle de las erogaciones cuando renovaron la oficina de Jorge Gandini en la ANP
El proceso de refacción no escatimó en gastos ni en equipamiento. La reconstrucción de las partidas revela que, en primera instancia, a través de la compra directa 28118/2025 emitida el 10 de junio de 2026, la ANP aprobó la adquisición de ocho sillas giratorias destinadas al despacho del director vocal. El monto abonado a la firma Nicolás de Marco y CIA S.A. alcanzó los US$ 1.590,88 (unos $ 63.889 pesos), situando el valor unitario de cada unidad en US$ 163.
Pocos días después de concretada esa adquisición, el 9 de julio de 2025, la administración dio luz verde a la compra directa 28165/2025 bajo el título «Sustitución de equipos AA en presidencia y director vocal», adjudicada a la empresa Electroaire SRL por un total de $ 994.840. De esa suma global, un ítem específico por $ 326.036 fue destinado de manera exclusiva a sustituir la unidad interior del despacho de Gandini.
DESGLOSE DE LOS GASTOS DE REMODELACIÓN EN LA ANP
• Compra Directa 28118/2025 (10/06/2026): 8 sillas giratorias por US$ 1.590,88 ($ 63.889).
• Compra Directa 28165/2025 (09/07/2025): Cambio de aire acondicionado por $ 326.036.
• Compra Directa 28770/2026 (15/04/2026): Reforma de oficina y sala por $ 922.320.
• Costos adicionales de obra: Imprevistos ($ 138.348) y aportes al BPS ($ 218.500).
• Total ejecutado: Aproximadamente $ 2.337.897 uruguayos (US$ 58.214).
El costo de la obra civil y las controversias por las compras directas
La mayor erogación financiera se registró con la aprobación de la compra directa 28770/2026, fechada el 15 de abril de 2026, la cual otorgó los trabajos de «reforma de oficina y sala de asesores del director vocal» al contratista Ismael Mella Romeo. El contrato principal estipuló un pago de $ 922.320 por la mano de obra y materiales, al que se le sumó un adicional de $ 138.348 bajo el concepto de «15% imprevistos obra».
A estas cifras deben sumarse las obligaciones de ley ante el Banco de Previsión Social (BPS), las cuales demandaron $190.000 y$ 28.500 en dos ítems separados. En conjunto, las obras civiles del despacho absorbieron más de 1.2 millones de pesos de las arcas del organismo portuario.
Reacciones y duras críticas ante el desembolso estatal
El total acumulado de las obras, considerando un tipo de cambio de $ 40,16 por dólar, alcanza la cifra de $ 2.337.897 uruguayos, equivalentes a unos US$ 58.214. Este volumen de gasto ha generado un profundo malestar en diversos sectores políticos y sociales, al cuestionarse la prioridad de semejante nivel de confort en un cargo de representación estatal.
Analistas de la gestión pública coinciden en que la adjudicación mediante mecanismos de compra directa, si bien está contemplada por la normativa para montos específicos o razones de oportunidad, debió haberse manejado con mayor austeridad técnica y transparencia, evitando dar señales de privilegio gubernamental en tiempos de restricción presupuestal.
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