Mario Furtado: El Frente Amplio en la Junta Departamental de Salto marcó posición sobre la crisis habitacional y los conflictos territoriales en el departamento. El edil Mario Furtado confirmó que solicitó y mantuvo una reunión con el intendente Carlos Albisu con un objetivo concreto: detener la aplicación mecánica de desalojos y realojos basados en un informe técnico de 2021, el cual ya no refleja la realidad actual de familias en barrios como Pirú o La Amarilla.
Frenar la burocracia y analizar caso a caso
Desde la bancada frenteamplista se critica la actuación del equipo jurídico de la Intendencia. Según Furtado, esta área está emitiendo resoluciones apresuradas, sin respaldo político ni análisis situacional, lo que termina perjudicando a familias que ya llevan años en el territorio, con viviendas consolidadas y servicios básicos instalados.
La propuesta es clara: intervenir puntualmente a través del Plan de Mejoramiento Barrial (PMB), otorgar comodatos precarios donde corresponda y regularizar la tenencia de la tierra. El dinero que la comuna destinaría a desalojar y reubicar a estas personas debe redirigirse a asentamientos con carencias críticas, como Puente Blanco.
Cooperativas en la estacada por fallas de la gestión anterior
Un punto neurálgico de la entrevista fue la situación de las cooperativas de vivienda. Furtado fue enfático al señalar que muchas de estas organizaciones cuentan con personería jurídica, inscripción en DINAVI e inversión financiera realizada por las familias. Sin embargo, sus obras están paralizadas por obstáculos técnicos menores (como retiros frontales o laterales de 50 centímetros) o por la falta de un comodato definitivo que la administración de Andrés Lima nunca formalizó ante la Junta Departamental.
«La gente invirtió, gastó y avanzó. Si el problema es que no pasó por la Junta, que pase ahora. Se han votado exoneraciones al plan director para grandes empresas; no veo por qué no se puede hacer lo mismo para resolver la vivienda de familias que ya tienen la obra casi construida», sostuvo el edil.
La denuncia contra Andrés Lima
El tono se endureció al abordar el rol actual del exintendente Andrés Lima. Furtado denunció que, pese a estar fuera de la Intendencia y ocupar un cargo ad-honorem a nivel nacional, Lima mantiene viejas prácticas clientelares.
«Libremente sigue llevando adelante estas prácticas. Regala esperanzas a gente que está desesperada, prometiéndoles ingreso a MEVIR o soluciones cooperativas que él no puede gestionar. Está jugando con la necesidad de la gente y aprovechando que muchos todavía lo ven como un referente capaz de resolverles la vida», afirmó Furtado, dejando en claro que cualquier gestión de tierra o vivienda hoy es responsabilidad exclusiva de la actual administración de la Coalición Multicolor.
Tierra disponible y inacción en la adjudicación
Para cerrar, el edil salió al cruce de la narrativa de que «no hay tierra». La Intendencia de Salto dispone de reservas significativas: desde las 30 o 40 hectáreas en la Chacra Municipal hasta el 10% de reserva que por ley corresponde a la comuna en nuevos fraccionamientos (zonas como Barrio Quiroga o Proyecto Volcán).
La crítica es directa: la falta de adjudicación oportuna a familias jóvenes que buscan autoconstruir empuja inevitablemente a la ocupación irregular de predios. La solución técnica y política existe; falta voluntad para ejecutarla sin ataduras burocráticas.
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