La transparencia en la ayuda humanitaria destinada a las víctimas de los terremotos del 24 de junio en Venezuela se convirtió este viernes en el eje de las exigencias del opositor Edmundo González, quien cuestionó la trazabilidad de los recursos que ingresan al país frente a un balance oficial que supera los 3.870 muertos y miles de damnificados.
González se reunió en Caracas con Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, organización civil dedicada al monitoreo de la gestión pública y la lucha contra la corrupción. Durante el encuentro, expuso su respaldo a la plataforma Ruta de la Ayuda, un mecanismo diseñado para registrar el ingreso, la distribución y el destino final de cada carga humanitaria que llega al territorio nacional.
En un mensaje difundido por sus redes oficiales, el dirigente formuló tres preguntas que centran su reclamo: a quién llega la ayuda, cuánta ha ingresado efectivamente al país y cómo se distribuye entre las zonas afectadas. Aclaró que la transparencia no es una solicitud dirigida a las autoridades, sino una obligación inherente a la gestión de recursos que buscan paliar una tragedia colectiva.
Agregó que la ayuda solo cumple su función si su recorrido es verificable. Recalcó que la difusión de imágenes oficiales sobre entregas parciales no sustituye el control sistemático, y que la propaganda no alimenta ni cura a las personas que perdieron sus hogares o sus familiares en los sismos.
Para recuperar la confianza de la población y de los organismos donantes, González propuso la creación de una comisión de contraloría permanente, con perfil técnico, independencia política y participación internacional. El organismo debería integrar expertos del mecanismo anticorrupción de Naciones Unidas, con facultades para acceder a todos los registros relacionados con la gestión de la crisis.
La propuesta incluye que todas las compras de insumos, los contratos de logística, los datos de los proveedores y los procesos de licitación sean publicados en un portal de acceso público, sin restricciones de horario ni requisitos de solicitud previa. El objetivo es evitar que los recursos se desvíen hacia circuitos ajenos a las necesidades de las víctimas.
El opositor advirtió que las tragedias no pueden convertirse en una fuente de negocio para actores públicos o privados. Señaló que para combatir el lavado de dinero que podría generar el manejo opaco de fondos y bienes, se requiere la actuación de fiscales especializados en delitos de corrupción, auditorías periódicas sin aviso previo y la incorporación de expertos independientes en el seguimiento diario de cada movimiento.
Hasta la fecha, las autoridades venezolanas han informado del ingreso de más de 1.200 toneladas de ayuda humanitaria provenientes de 30 países, sin publicar un detalle desagregado por tipo de insumo, fecha de entrega o zona de distribución. Organizaciones de derechos humanos han reportado demoras en el acceso a las zonas más alejadas del estado Sucre, donde se registró el epicentro del sismo de mayor magnitud.
El reclamo de González se inserta en un debate más amplio sobre la capacidad del Estado venezolano para gestionar crisis humanitarias con independencia de criterios políticos. Durante la semana, organismos de Naciones Unidas solicitaron garantías para que la ayuda llegue a todas las comunidades sin discriminación por filiación partidaria.
La plataforma Ruta de la Ayuda, respaldada por el opositor, funcionará con datos aportados por organizaciones civiles, donantes internacionales y testigos locales. Su objetivo es cruzar información para detectar discrepancias entre lo que se declara ingresado y lo que efectivamente se distribuye en los albergues y barrios afectados.
González no fijó un plazo para que las autoridades respondan a su propuesta. Aclaró que la comisión de control no busca sustituir las funciones del Estado, sino complementarlas con un sello de independencia que permita reactivar el flujo de donaciones que algunos países frenaron por desconfianza en la gestión actual.
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